Para apretar la tuerca a las medidas de vigilancia y frenar el reciente repunte y expansión del COVID-19 en el país, el Gobierno nacional anunció recientemente la implementación de un sistema de “semáforo” para regular el acceso a algunos lugares públicos, que podría comenzar a aplicarse en la tercera semana de octubre.
A los comercios podrán ingresar solamente las personas que estén vacunadas. Así, la Luz Roja: significará Paciente positivo en COVID-19 (no admisible en comercios); la Luz Amarilla: Persona no vacunada (no admisible en comercios) y la Luz Verde: Persona vacunada y sana (admisible sin restricciones en todos los comercios).
La vicepresidenta Delcy Rodríguez declaró días atrás que la medida se implementará a través “una plataforma tecnológica”.
Por ejemplo, cuando un ciudadano llegue a un restaurante –los primeros locales donde comenzará a instrumentarse el plan-, en la puerta estará otra persona con un teléfono con sistema Android, a través del cual ingresará el número de cédula o un lector de códigos QR y se determinará si alguien está registrado como vacunado o reportado como positivo al COVID-19.
Si la persona no aparece como vacunada en el sistema QR de la Plataforma Patria, deberá mostrar su cartón sellado como credencial de que sí está inmunizada. Ha trascendido que el sistema debería registrar automáticamente a cada uno de los ciudadanos vacunados. Sin embargo, aquellos que recibieron las dosis contra el Covid en el extranjero deben validar esa información en la Plataforma Patria.
Gran Caracas, la zona piloto
El plan iniciará en el área metropolitana de la Gran Caracas, como prueba piloto, por ser la región con más contagios.
El médico infectólogo y ex ministro de Sanidad, José Félix Oletta, apunta que la implementación de este mecanismo busca, mediante la imposición, controlar a la ciudadanía.
“Es una medida que no ha sido suficientemente divulgada y conversada con la población, sino impuesta. Por lo tanto, los mecanismos de imposición son contrarios a una sociedad democrática. Esto lo que persigue es el control social de la población, ya que, no hay forma de conocer con certeza el estado de un paciente sin la realización de una prueba molecular (PCR), y aplicarla a toda la población”.
Manifiesta que de esa forma le impiden el derecho que tenemos todos a la movilización y aunado a ello se vulnera el derecho a la privacidad de la información.
“Ese mecanismo está basado en la Plataforma Patria y no hay ninguna certeza ni seguridad de que esa información, que es absolutamente privada, esté en manos de terceras personas. El solo hecho de impedir el acceso de una persona a un lugar la estigmatiza, la limita”.
Pocas pruebas
Dice Oletta que el Gobierno “ha sido incapaz de hacer una utilización racional y efectiva de las pruebas PCR”.
“Lamentablemente el Estado no ha cumplido con hacer la búsqueda efectiva de casos y de contactos en relación a los que han sido detectados. En la vigilancia epidemiológica se debe hacer un número enorme de pruebas moleculares, las cuales no se han hecho hasta los momentos”.
Oletta denunció que desde el 4 de abril el Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps) no publica cifras del número de pruebas diagnósticas que ha aplicado.
“Las pruebas que venía realizando el madurismo no eran precisamente las moleculares (…) De las moleculares sólo se hacían escasamente de 2 mil a 3 mil por día, las cuales eran insuficientes. Las pruebas que se han venido realizando corresponde a las rápidas o por anticuerpo las cuales hemos insistido que es inadecuada para hacer el seguimiento, búsqueda y trazabilidad de la infección en las personas que estén enfermas en forma activa”.
Subraya que las pruebas rápidas están sujetas a errores, sobre todo cuando la persona tuvo contacto con el virus y ya está sana.
“Si con el nuevo semáforo se hace la identificación con la prueba de anticuerpo, puede que alguien dé un resultado positivo, ya que previamente tuvo la enfermedad hace tres o cuatro meses, y tiene los anticuerpos Inmuno gamma G activos. Estaría completamente sana pero lo ubicarían en rojo”.
Para Oletta el único método para comprobar que una persona no tiene coronavirus es a través de una PCR negativa, resultado que no puede darse de forma inmediata y tiene un costo elevado.
“Si pretenden hacer el sistema de detección del semáforo por la vía del PCR sería de un costo elevado para la población, además ¿En cuánto tiempo usted va a validar esa prueba? ¿Con 48 horas para entrar a un sitio? ¿Como si estuviera entrando al control sanitario de un aeropuerto? Esto no posee una base de racionalidad y mucho menos de utilidad”, puntualiza el ex ministro.
Por Agencia