En un evento celebrado en el auditórium de la Universidad Católica del Táchira, se presentó oficialmente el pasado viernes 10 de mayo, un innovador proyecto financiado por la embajada de Japón y ejecutado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), cuyo objetivo principal es brindar apoyo a mujeres y niñas migrantes en situación de vulnerabilidad, proporcionando alojamiento a víctimas de trata y sobrevivientes de violencia basada en género.
El proyecto que iniciará en los próximos meses en Táchira, se está implementando simultáneamente en varios estados del país y es parte de un esfuerzo conjunto para combatir la trata de personas y la violencia basada en género, por lo que se está rehabilitando un espacio seguro en la entidad que ofrecerá un entorno protegido para las víctimas o personas en riesgo, donde puedan sentirse acogidas y no amenazadas, así lo dio a conocer Lia Poggio, jefe de Programa y Operaciones de Terreno de la OIM en Venezuela.
El lugar de recibimiento tendrá la capacidad de alojar hasta doce mujeres (con sus hijos hasta 17 años), ya sean víctimas de trata o sobrevivientes de violencia basada en género. También ofrecerá una serie de servicios esenciales para las residentes, incluyendo atención médica, apoyo psicológico y acompañamiento legal.
El periodo de estancia será breve, generalmente entre 48 horas y tres semanas. Sin embargo, se ha previsto flexibilidad en este aspecto, ya que se reconoce que muchos casos pueden requerir una estadía más prolongada, agregó Lia Poggio.
Por otra parte, destacó que el proyecto representa un paso significativo en la lucha por la protección de los derechos humanos en la región, proporcionando un refugio seguro y apoyo integral para aquellas en mayor riesgo, por lo que se incluyen iniciativas de prevención e información para evitar la caída o recaída de las víctimas de trata en las redes de tráfico.
El programa se está trabajando en colaboración con varias instituciones del Estado venezolano y organizaciones de la sociedad civil para brindar mayor asistencia a las víctimas. “Para erradicar la trata de personas es necesario hacer un esfuerzo conjunto. En Venezuela hemos realizado muchas capacitaciones y formaciones a funcionarios públicos para la identificación, detección, judicialización y asistencia en casos de trata”.
Movilidad en riesgo
La jefe de Programa y Operaciones de Terreno de la OIM, explicó durante la presentación del proyecto que las personas en situación de movilidad están más expuestas a riesgos de protección, tráfico de migrantes o a la trata de personas. Dijo que, según datos globales y regionales, desde el año 2022 se ha observado un incremento en las víctimas de trata, siendo las mujeres más del 80 % de estas.
La mayoría de las víctimas son explotadas sexualmente, lo que evidencia una fuerte correlación entre la violencia basada en género y la trata de personas. “Las mujeres, también las niñas y adolescentes víctima de trata han sufrido de violencia sexual y es por ello importante que se le brinde algún tipo de asistencia médica y psicológica una vez que sean detectadas como víctimas”.
Recordó que las redes de trata identifican a las personas con perfiles más vulnerables. Por eso este tipo de iniciativas que se adelantan también son propicias para ahondar en qué es la trata y compartir información actualizada sobre las tendencias y dinámicas empleadas, teniendo en cuenta que la trata de personas es cambiante y las redes de captadores se adaptan a los variados contextos.
La trata: más lucrativa que el narcotráfico
Por su parte, Monseñor Mario Moronta, Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, presente en el evento, anunció con beneplácito la implementación del nuevo programa destinado a “recuperar, rescatar y llenar de dignidad” a todas las mujeres que han sido víctimas de violencia y trata de personas.
Moronta que ha colaborado en varios programas que buscan dignificar la condición humana de quienes se desplazan en el contexto fronterizo, señaló que el nuevo proyecto tiene como objetivo principal establecer una casa en la zona fronteriza con Colombia, cuya ubicación se mantendrá en confidencialidad para proteger a las beneficiarias de posibles amenazas o presiones.
“La Diócesis proporcionará algunas instalaciones y también implementará sus propios programas, en un esfuerzo conjunto para abordar esta grave situación”.
Así mismo comentó que durante varios años y en varias ocasiones ha denunciado este flagelo, a pesar de que inicialmente muchos no creían en la gravedad de la situación. Sin embargo, la fuerza de sus denuncias finalmente lo llevó a ser citado por el Ministerio Público para proporcionar información, lo que a su vez motivó una investigación por parte de la Fiscalía de Colombia.
La investigación reveló la existencia de grupos dedicados al tráfico de personas, una actividad que los especialistas consideran incluso más lucrativa que el narcotráfico. Esta situación es especialmente compleja debido a que cualquier persona, independientemente de su edad o género, puede llegar a ser esclavizada, ya sea desde el punto de vista laboral o sexual, indicó el Obispo.
Ante la emergencia que se crea con la migración forzada, Moronta subrayó la importancia de tener un centro de acogida para “purificar, dignificar y reinsertar en la sociedad” a las víctimas de estos delitos.
Otros puntos de atención
Norma Ferrer, consultora de la lucha contra la trata de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Clúster de Protección de Venezuela, recalcó que este proyecto, surge como una luz de esperanza en el contexto de movilidad fronteriza y se enfoca en mujeres en movilidad que han sido víctimas de estos delitos.
Para Ferrer, aunque no se dispone de datos específicos de Venezuela, la información a nivel regional indica que el 31 % de las víctimas son explotadas laboralmente, mientras que el 69% son víctimas de trata con fines de explotación sexual, siendo en su mayoría mujeres, niñas y adolescentes.
Advirtió sobre la creciente movilidad de niños y adolescentes no acompañados, lo cual incrementa los riesgos de que esta población sea víctima de trata. Por lo que hizo un llamado a la población, especialmente a aquellos que provienen de los estados del centro y oriente de Venezuela y que desconocen el contexto fronterizo, a estar atentos a las ofertas de paquetes de viajes promovidos por traficantes.
La OIM ofrece puntos móviles donde se brinda información sobre migración segura y trata de personas. Además, el Sistema de Naciones Unidas tiene líneas de atención y contacto interagencial para buscar información y ayuda.
La consultora de la lucha contra la trata de la OIM, informó que en colaboración con la Diócesis de San Cristóbal, actualmente, la OIM tiene un centro de alojamiento temporal (CAT) en San Antonio, (frontera con Colombia) donde se reciben personas (hombres, mujeres y niños) en movilidad y condiciones de vulnerabilidad. Este espacio es algo distinto a la casa de abrigo que se implementará en la zona de la frontera para el resguardo de las víctimas de trata y de violencia.
Un trabajo mancomunado
La Juez Superior y Coordinadora del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Táchira, Juliana García Serpa, participó en el lanzamiento del proyecto y aseguró que el Tribunal de Protección ha implementado medidas estrictas en relación a las autorizaciones de viajes fuera del territorio nacional y continuará haciéndolo.
“Próximamente, el personal del tribunal recibirá una capacitación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre la trata de personas, para fortalecer su labor de protección civil de los derechos de los niños”.
Vale reconocer que este esfuerzo conjunto entre organizaciones e instituciones representa un paso significativo en la lucha por la protección de los derechos humanos en la región.
Por: Agencia