La Asamblea General de la OEA aprobó el viernes una resolución que declara que las elecciones presidenciales en Nicaragua “no fueron libres, justas o transparentes y carecen de legitimidad democrática”.
La resolución pide instruir al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos a que analice la situación en el país centroamericano, realice un informe antes del 30 de noviembre y entonces se tomen “acciones apropiadas”.
La resolución fue aprobada al final de la 51ª Asamblea General de la OEA, que se llevó a cabo de forma virtual desde el miércoles. Veinticinco países de la organización votaron a favor de la resolución y siete, entre ellos Honduras, México, y Bolivia, se abstuvieron. Nicaragua votó en contra, mientras que San Cristóbal y Nieves se encontraba ausente.
Nicaragua llevó a cabo elecciones presidenciales el domingo en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido por tercera vez consecutiva. Fueron criticadas internacionalmente por la falta de oposición real y el encarcelamiento de siete aspirantes a la presidencia.
Algunos países de la OEA como Estados Unidos han advertido que sopesan aplicar “consecuencias concretas” para Nicaragua por “abandonar” la democracia. El artículo 21 de la Carta Democrática, por ejemplo, dice que el organismo puede considerar la suspensión de un Estado miembro. El artículo 20 de la carta dice a su vez que, en caso de grave “alteración” de la democracia, se faculta al secretario general o a cualquier país miembro a convocar inmediatamente un Consejo Permanente para evaluar la situación.
Michael René Campbell, representante de Nicaragua ante la OEA, dijo antes del voto del viernes que el pueblo nicaragüense expresó su libre voluntad en unas elecciones pacíficas, que describió como “una de las tareas más hermosas que ha emprendido (Nicaragua) en los últimos años”.
“La OEA no es nuestro Consejo Supremo Electoral. La OEA no tiene la autoridad para constituir nuestra junta receptora de votos. Los funcionarios de la OEA no son ni deben ser fiscales de partidos políticos. La OEA no es árbitro o auditor del proceso electoral. Cada pueblo establece estas autoridades a través de sus leyes”, dijo Campbell.
La resolución del viernes también dice que Nicaragua ignoró o rechazó las recomendaciones que la OEA hace desde hace tiempo para “promover la democracia representativa y la protección de los derechos humanos”. El documento señala que el gobierno nicaragüense ha dañado las instituciones democráticas del país, y pide la liberación de los presos políticos.
Por su parte, México manifestó en un comunicado que “ha externado al gobierno de Nicaragua nuestras preocupaciones sobre el proceso político llevado a cabo el pasado 7 de noviembre y, especialmente, en lo que hace a la libertad de expresión y a la participación política de su ciudadanía”, pero aclaró que no respaldará ninguna decisión encaminada a aislar, intervenir o imponer algún tipo de sanción a un Estado miembro, alegando que eso “está fuera de la competencia de la OEA” y sólo le corresponde al Consejo de Seguridad de la ONU.
“La experiencia ha demostrado la ineficacia de las políticas de aislamiento”, señaló en el texto la embajadora mexicana Luz Elena Baños, y llamó a los estados miembros de la OEA a encontrar, “a través del diálogo y dentro del respeto a la soberanía y a los derechos humanos”, las vías que permitan fortalecer la democracia. Asimismo, el país se mostró dispuesto a colaborar para que la situación de Nicaragua sea superada de manera pacífica por sus habitantes.
Baños recordó que, con base en la doctrina que rige la política exterior de México, se llamó a consultas al embajador mexicano en Managua.
En Nicaragua, las principales fuerzas de oposición celebraron la votación en el organismo internacional, que calificaron como “una derrota” para Ortega y un “paso más” en la estrategia opositora de aislar a su gobierno.
“El hecho de que la OEA reconozca la ilegitimidad del régimen, nos da ahora una herramienta poderosa para solicitar que cese el financiamiento externo a la dictadura”, dijo a la AP Alexa Zamora, miembro del directorio de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).
Agregó que, a su juicio, la resolución ayudará a “establecer un cerco diplomático para limitar el margen de acción de la dictadura ante la comunidad internacional”.
Según Zamora, el mayor apoyo económico que Ortega recibe actualmente proviene de organismos multilaterales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que antes de los comicios anunció un desembolso de 500 millones de dólares a Nicaragua.
Por su parte, el movimiento opositor UNAMOS, seis de cuyos líderes están en prisión, dijo vía Twitter que la votación reveló que el gobierno “sigue aislado” internacionalmente. “Régimen orteguista otra vez derrotado en la OEA. (…) Orteguismo sigue aislado y lo estará cada vez más”, aseguró la agrupación política.
Después del voto en la OEA, Campbell, el funcionario nicaragüense, volvió a hablar y lo calificó de “otro ataque contra el pueblo libre, digno y soberano de Nicaragua”. Destacó que es notorio el ánimo con que algunos países se apresuran a condenar a su país cuando ocultan sus propias realidades. “¿A quien se le ocurre que Colombia disfruta de una democracia real? Cuando miles de líderes indígenas y sociales han sido sistemáticamente perseguidos y asesinados”, dijo el funcionario.
La representante de Panamá ante la OEA afirmó que, a pesar de apoyar la resolución, su país no está a favor de la idea de expulsar a Nicaragua del organismo.
Por su parte, el gobierno del presidente argentino Alberto Fernández respaldó por primera vez una resolución condenando al gobierno de Ortega.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo el viernes después del voto que la evaluación del Consejo Permanente solicitada en la resolución aprobada es el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que habla de “apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente”.
“No corresponde a la Secretaría prejuzgar cuáles van a ser las decisiones o cuál va a ser la decisión que va a tomar el Consejo Permanente en esa evaluación colectiva”, dijo Almagro en una rueda de prensa tras la conclusión de la asamblea. “No hay tiempo que perder”.
“Lo que se demuestra con esta resolución es la voluntad de la organización, la voluntad de todos los Estados miembros de trabajar con Nicaragua para resolver esta crisis”, agregó.
La organización llevó a cabo su Asamblea General de forma virtual, con Guatemala como país anfitrión. El foro, en el que participan delegaciones de más de 30 países, se extendió hasta el viernes por la noche bajo el lema “Por una América renovada”.
La Asamblea aprobó por aclamación que la 52ª Asamblea General de la OEA se lleve a cabo en Perú en 2022.
Por Agencia