El nuevo Gobierno de Panamá que encabezará José Raúl Mulino, vencedor este domingo en las elecciones generales, deberá afrontar retos económicos y de gobernabilidad que requerirán de una “unidad” nacional para superarlos, como admitió el propio presidente electo.
“Me comprometo a un gobierno de unidad (…) un gobierno pro empresa privada”, pero sin olvidar a los más necesitados, dijo Mulino, de 64 años, tras recibir la llamada del Tribunal Electoral (TE) para ser notificado de su victoria en las urnas, al obtener más del 34 % de los votos con un escrutinio superior al 90 %, que lo convierten en virtual presidente electo de Panamá, reseñó EFE.
La gobernabilidad
Ante la atomización del voto entre ocho candidatos presidenciales, cuatro con opción real de triunfo, entre ellos Mulino como líder de las encuestas previas a las votaciones, se confirmó la tesis de analistas locales de que el triunfador este domingo lo haría con alrededor del 30 % del electorado, lo que supone un reto de gobernabilidad.
“No me animan confrontaciones de ningún tipo”, afirmó Mulino en su discurso de victoria, precisando que ya se comunicó con Rómulo Roux, candidato presidencial del partido Cambio Democrático (CD) que quedó cuarto y un ex correligionario suyo.
El segundo más votado (25 %), el candidato antisistema del nobel partido Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, se proclamó como líder de la oposición panameña en un discurso ante sus seguidores, en el que advirtió a Mulino de que si “hace las cosas bien encontrará” en este colectivo político una “mano extendida” pero si no, “tendrá al pueblo en la calle”.
Falta saber cómo quedará la composición del Parlamento unicameral, hasta ahora dominado por el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), que este domingo sufrió con su candidato a presidente la peor derrota de su historia al obtener menos del 6 % de los votos, y en la que intentan avanzar las fuerzas independientes agrupadas en una nobel plataforma “Vamos”.
La economía
El nuevo Gobierno encuentra a un Panamá inmerso en una crisis económica expresada en la caída del ritmo de crecimiento del producto interno bruto (PIB), que se espera sea de alrededor del 2,5 % este año frente al 7,3 % de 2023.
Este frenazo se atribuye a las consecuencias de la pandemia y su manejo, con una economía y empleo que no termina de recuperarse tras la caída del 17,9 % del PIB en el 2020, y a la crisis hídrica en el canal interoceánico que hará mermar los ingresos de la vía y sus aportes al Estado.
También al cierre a finales de 2023 de la gran mina Cobre Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM) y cuya actividad representaba cerca del 5 % del PIB, luego de que el contrato de concesión fuera declarado, por segunda ocasión, inconstitucional por el Supremo, esta vez en medio de las mayores protestas sociales en décadas en rechazo a la minería.
En este escenario Fitch le quitó el grado de inversión a Panamá, que aún lo conserva en otras dos calificadoras, Moody’s y S&P, aunque todas coinciden en recetarle al país un ajuste que reduzca el creciente gasto público, frente el aumento de la deuda, promueva la austeridad y mejore la recaudación ante la gran evasión que registra.
“Tengan confianza en que las soluciones comenzarán muy pronto” mediante “gestiones que haré con empresas privadas nacionales e internacionales para mover el dínamo de la economía”, dijo Mulino en su discurso de victoria.
Aseveró que su Administración trabajará para “pagar, para reestructurar” la deuda pública, “pero siempre dejando el nombre de Panamá en alto”.
Por Agencia