El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles las personalidades jurídicas de otras 25 ONG, incluida dos de Estados Unidos.
La ilegalización de esas 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) fue aprobada por la titular de Gobernación de ese país, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua, reseñó EFE.
Con el cierre de esas 25 ONG suman 3.248 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
En general, el Ministerio de Gobernación argumentó que cerró las 25 ONG por no haber reportado por períodos de entre 2 hasta 22 años sus estados financieros, ni sus juntas directivas.
Entre las ONG locales afectadas se encuentran la Asociación Comunitaria de los Municipios de Masaya, Asociación Centro de Educación Integral Barrilete, Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos de Petróleo y Derivados, y Fundación Red Nicaragüense de Comercio Comunitario Alternativo.
También la Fundación Unión Nicaragüense para la Responsabilidad Social Empresarial, Fundación Académica Cultural “Las Américas”, Asociación Comisión Nacional de Jóvenes Cristianos Contra las Drogas y Asociación de Personas con Discapacidad Física Motora.
Y las ONG estadounidenses ilegalizadas fueron Arms Of Love International, lnc, y Corporación Libros para Niños.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles en abril de 2018 a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Las protestas dejaron al menos 355 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos nicaragüenses elevan la cifra a 684 y el Gobierno de Ortega reconoce “más de 300”.
Los sandinistas también han argumentado que la ilegalización de esas ONG forma parte de un proceso de ordenamiento, debido a que no todas de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde entonces, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
Por Agencia