Nebraska León es una empecinada de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTI en Ecuador. En la década de 1990 peleó por despenalizar la homosexualidad y hoy batalla porque el Estado pida perdón y repare los abusos policiales contra esa comunidad.
De 67 años, corte bob, labios rojos y pesado maquillaje lleva casi un lustro esperando respuesta a una denuncia por las agresiones de la fuerza pública contra gays, lesbianas, trans y bisexuales entre 1980 y 2000.
«Cuando salga esa reparación, yo creo que estaré en el cementerio. No tengo esperanza de recibir esta justicia y esta reparación que deberían darnos ya, ahora que estamos vivas«, dice a la AFP con resignación León, presidenta de la asociación Nueva Coccinelle, que en 1997 logró la despenalización de la homosexualidad en Ecuador.
León camina despacio en su pequeño apartamento en el centro histórico de Quito, donde plásticos hacen las veces de paredes para separar la cocina del dormitorio.
Sus piernas sufren los efectos de los biopolímeros que se inyectó años atrás para engrosar sus muslos, pero el dolor no la detiene para marchar en las calles ni asistir a reuniones del colectivo.
La habitación más amplia e iluminada es una suerte de museo con carteles, recortes de prensa y antiguas fotos de las Coccinelle en sus años de juventud.
León teme correr la misma suerte que Jacinta, Rita, Pepita, Vanessa, Gaby y otras mujeres trans que envejecieron en condiciones precarias y murieron esperando una respuesta de la justicia.
Todas denunciaban violaciones, extorsiones, violencia física y sicológica, encarcelamientos arbitrarios y otros abusos por parte de la policía, en una demanda a la que se sumaron las organizaciones Años dorados LGBTI y Sobrevivientes del 516.
Sobrevivir
La persecución de la fuerza pública quedó registrada en testimonios recogidos en el libro «Los fantasmas se cabrearon» de Purita Pelayo y por una Comisión de la Verdad formada en 2010 para investigar crímenes del Estado. El informe señala que hasta 1997, la policía tenía la «potestad» para «reprimir» a la población LGBTI.
La misma León recuerda las represalias de agentes cuando no pagaban sus extorsiones: «Nos mandaban a una celda donde le llamaban la lagartera, donde había gente muy mala (…) Nos metían ahí para que esa gente nos viole».
La Comisión de la Verdad determinó que hubo víctimas, especialmente durante el gobierno de derecha de Léon Febres Cordero (1984-1988), pero no identificó casos específicos, explica Luisa Villacís, quien hasta abril de este año llevó el caso, que es patrocinado por la organización de derechos humanos Inredh.
«Al no estar individualizadas en este informe, las compañeras no pudieron ser susceptibles de una reparación«, explica a la AFP Villacís y subraya la necesidad de que la demanda presentada en 2019 prospere.
Pese a que una eventual reparación a las víctimas la definiría un juez, las Coccinelle aspiran recibir «disculpas públicas por todos estos atropellos» y una «reparación económica como para sobrevivir o para vivir dignamente» sus «últimos días«, dice León.
Ella vende lo que puede en la calle, a veces ropa usada, a veces comida. Tras 25 años de despenalización de la homosexualidad, sostiene que «no ha cambiado nada» para la población transgénero.
«Nosotras no vivimos, sobrevivimos«, dice indignada la activista al reconocer que algunas de sus compañeras ya ancianas se prostituyen por necesidad. Otras cuidan autos en el espacio público a cambio de unas monedas.
«Las personas trans seguimos sufriendo como si estuviéramos en los años 90, cuando se criminalizaba y discriminaba a las personas trans«, agrega.
El estudio oficial más reciente sobre la población LGBTI en Ecuador data de 2012 y señala que 7 de cada 10 de sus miembros han sido maltratados en sus hogares o en ámbitos educativos y laborales.
A paso lento
Aunque Ecuador reconoce derechos como el matrimonio igualitario y permite registrar la identidad de género en la cédula, hay deficiencias en el acceso a salud y empleo.
«Ya no hay esas persecuciones como había antes, pero igual somos invisibilizadas» en la sociedad, añade.
Aunque en un comienzo la Fiscalía analizó los ataques contra la comunidad LGBTI, luego la investigación quedó en un punto muerto, asegura Villacís.
«Vemos un estancamiento porque no hay una línea de investigación clara que permita dar con los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos«, explica.
Pero León y las suyas no son de las que aguardan de brazos cruzados. El 17 de mayo se congregaron frente a la Fiscalía en Quito a protestar, una vez más, por sus derechos vulnerados.
Con un cartel en el que se leía «por nuestras víctimas estamos aquí» extendido sobre la acera, pidieron acelerar la investigación, que ya toma cuatro años.
Por: Agencia