martes, noviembre 5

Morly Uzcátegui denuncia procedimiento irregular a favor del imputado Guillermo Martínez

En el cumplimiento de su compromiso de vigilar la actuación de la justicia en el caso de la muerte de la joven Adriana Mendoza, ocurrida en un accidente de tránsito el pasado 1 de enero, el abogado Morly Uzcátegui denunció un procedimiento que denominó irregular ejecutado por la nueva jueza del Tribunal 4 de Control, Albenis Muñoz, en favor del imputado por el hecho, Guillermo Martínez.

Uzcátegui expuso que Muñoz en una de sus primeras actuaciones al frente del Tribunal 4° aceptó una solicitud realizada por la defensa técnica de Martínez de concederle como sitio de reclusión su residencia, dado que ya había sido dado de alta del centro de salud donde se encontraba.

Indicó que la parte querellante se percató de la irregularidad y acudió ante la Fiscalía 9na, que instruye el caso, para que detuviera la medida porque no se había cumplido lo establecido en el ordenamiento jurídico venezolano con respecto a una situación de esta naturaleza, la cual obliga a que sea la Medicatura forense, y un médico de dicha institución, quien determine si un imputado puede ser trasladado a un centro de reclusión o sea llevado a su casa.

Ante el aborto de la maniobra judicial por parte de la Fiscalía, Martínez es recluido en una habitación del cuarto piso del hospital Universitario de Maracaibo, aparentemente para recibir atenciones médicas, por lo que ante la nueva hospitalización se solicitó a la PNB para que le diera la custodia policial necesaria por ser un imputado de la justicia venezolana.

El abogado ofreció estas declaraciones por medio de un contacto telefónico vía WhatsApp para dejar constancia ante la opinión pública, lo que está sucediendo con el caso que ha causado interés regional, por la forma como se dieron los hechos.

Agregó que solicitará una averiguación a la presidencia del Circuito Judicial penal del estado Zulia sobre el proceder de la titular del tribunal 4° de Control dado que tuvo una actuación acelerada sin tener a la mano un informe médico legal que avalara su decisión.

Por: Edgar Bolívar