Miles de personas se manifestaron este domingo en la capital de España contra la carestía de los precios del alquiler de viviendas, un problema social que aumenta, amenaza a muchas familias de ingresos bajos e impide a la mayoría de los jóvenes emanciparse de sus padres.
Participaron en la protesta entre 22.000 personas, según el Gobierno, y 150.000, según los convocantes, reseñó EFE.
Después de terminar, un grupo de manifestantes decidió continuar por su cuenta a lo largo de la Gran Vía, una de las calles principales del centro de Madrid, lo que colapsó el tránsito de automóviles.
Convocados por el Sindicato de Inquilinas, los manifestantes instaron al Gobierno, las patronales inmobiliarias y caseros a bajar los precios porque, de lo contrario, se dejarán de pagar los alquileres.
«No hay policías, juzgados ni matones suficientes» para desahuciarlos a todos si dejan de pagar, advirtió la portavoz de la organización, Valeria Rapu.
La organización ha exigido la dimisión de la ministra de vivienda, la socialista Isabel Rodríguez, «que se vaya a su casa, a alguna de las muchas que tiene».
La manifestación estuvo apoyada por los sindicatos CCOO y UGT, el partido Podemos (izquierda), la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción o el Sindicat de Llogateres, que organizó otra manifestación en Barcelona.
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, acusó a los grandes partidos españoles, el Socialista (ahora en el poder) y el Popular (derecha) de permitir durante decenios que la vivienda sea un bien «para especular, para invertir y sacar rentabilidad», cuando en realidad las casas son «para vivir».
«Necesitamos que en España se prohíba de una vez por todas que los fondos buitre y los grandes rentistas puedan comprar vivienda», señaló.
En general, la subida de los alquileres se acentúa por factores como una oferta de vivienda claramente inferior a la demanda, y la proliferación de apartamentos turísticos que tienen una rentabilidad superior para los propietarios en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y localidades costeras.
El Ejecutivo central, de izquierdas, instaló a las autoridades regionales a aplicar la ley que les permite declarar «zonas tensionadas» en sus territorios para intervenir los precios del alquiler, a lo que se resisten las regiones gobernadas por la derecha.
Por Agencia