Desde el 13 de septiembre comenzó la andanada de inhabilitaciones. Ese día, el exministro Eduardo Samán quedo impedido de participar en la elección por la Alcaldía de Caracas (municipio Libertador). Desde entonces, 23 aspirantes han sido impedidos de ser candidatos a gobernadores o alcaldes con miras a los comicios del 21 de noviembre.
De este total, 15 provienen de fuerzas políticas que estuvieron alineadas con el chavismo, pero que se deslindaron de la gestión de Nicolás Maduro. Unos 14 integran el Partido Comunista de Venezuela, organización que denuncia que el gobierno de Nicolás Maduro “dio un giro a través de un programa de ajuste económico que nada tiene que ver con los intereses de la clase obrera”.
Reseña la web de Tal Cual que, bajo la figura de la inhabilitación política emanada de la Contraloría General de la República (CGR), se contradice lo establecido por la Constitución (artículo 42) en cuanto a que los derechos políticos “sólo pueden ser suspendidos por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”.
También se ha sumado el simple rechazo por parte del Consejo Nacional Electoral del nombre inscrito por algún partido político o grupo de electores —y hasta por un simple borrón en el sistema de registro del organismo comicial— se ha dejado fuera de la contienda a aspirantes con liderazgo en las localidades donde fueron postulados, favoreciendo de esta manera a los abanderados del oficialismo.
Entre los candidatos que quedaron fuera de la contienda del domingo 21 de noviembre figuran varios que participaron del proceso de primarias del PSUV, proceso que el partido de gobierno convocó para escoger a sus abanderados, pero que se vio truncado por la decisión de la Dirección Nacional, que terminó desconociendo varias de las victorias obtenidas por los aspirantes y terminó postulando nombres que ni siquiera compitieron en el proceso interno.
Estos aspirantes, que denunciaron una y otra vez que contaban con la mayoría de los votos de las UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez, que fueron las que tuvieron a cargo del proceso de votación), decidieron apartarse del PSUV por la decisión de la cúpula de ese partido y aliarse con los otros movimientos del chavismo disidente para competir en las elecciones y demostrar ese respaldo popular ignorado en el proceso interno.
Sin embargo, el gobierno decidió que la disidencia no le iba a amenazar la victoria del 21N y, a través de la Contraloría General de la República, u otras artimañas —como supuestos fallos en el sistema computarizado de inscripción y postulación— han impedido que sigan en competencia.
PCV, el partido más afectado
En agosto de 2020, el PCV formó una coalición con otras fuerzas de izquierda que se deslindaron del gobierno de Nicolás Maduro, como el partido Patria Para Todos, y el Movimiento Tupamaro, que serían intervenidos por juntas ad hoc que destituyeron a sus respectivas directivas y nombraron a otros que conservaron los nombres y símbolos de las organizaciones, pero apareciendo como aliadas al mandatario.
También se incorporó el movimiento Somos Lina, que reclama la legitimidad para su directiva con respecto al partido Unidad Popular Venezolana, fundado por Lina Ron, y Unidad Político Popular 89 (UPP-89), que se formó a partir de otro grupo disidente del chavismo, Clase Media Revolucionaria.
El nombre que sirve como paraguas para estas fuerzas es Alianza Popular Revolucionaria (APR), cuyos candidatos serían inscritos con la tarjeta del PCV, único que no fue intervenido y cuya directiva encabezada por el secretario general, Óscar Figuera, se mantiene al frente y en posesión de las siglas y símbolos del partido.
El 2 de octubre ingresarían a la lista de inhabilitados Guillermo Bernáez, candidato a alcalde del municipio Cajigal; José Noguera, aspirante por el municipio Guanta, ambos en el estado Anzoátegui; Carmen Yasmira Saravia, por el municipio Brion del estado Miranda, y Wilfredo Rivero, por el municipio Cruz Salmerón Acosta, estado Sucre.
Otro grupo de candidatos fue rechazado el 26 de octubre, luego que cuatro aspirantes a alcalde en el estado Portuguesa vieron su inscripción anulada por supuestamente no haber presentado declaración jurada de bienes.
Ellos pertenecieron al oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y compitieron en las elecciones primarias, luego de lo cual pasaron a integrar fórmula electoral con la aspirante a gobernadora Antonia Muñoz, conocida como la Negra, quien fue una de las dirigentes más cercanas a Hugo Chávez, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 y gobernadora de ese estado en dos ocasiones. El partido postulante fue UPP89.
Los aspirantes inhabilitados fueron Jesús Soteldo, Samuel Durán, Ronald Hernández y Édgar Faneite, compitieron en las primarias de esa organización y manifestaron que el apoyo que lograron por parte de las bases del partido fue desconocido.
Oposición de izquierda
Janohi Rosas, representante del PCV ante el CNE señaló lo extemporáneo de las inhabilitaciones de los candidatos de ese partido y aseguró que el gobierno teme a la posición del PCV.
“Ya apuntan 14 inhabilitaciones de candidatos del PCV (incluyendo candidatos a concejales), somos la organización que más inhabilitaciones tiene. El CNE viola el calendario electoral porque las inhabilitaciones se han producido luego de culminado el lapso para admitir y rechazar candidaturas”, expresó Rosas.
Por Agencia