Un grupo de manifestantes irrumpió este miércoles por la fuerza en el palacio presidencial de México para exigir justicia por la desaparición de 43 estudiantes en 2014, en momentos en que el mandatario Andrés Manuel López Obrador ofrecía una rueda de prensa.
Encapuchados, los manifestantes derribaron una puerta del palacio con la parte trasera de una camioneta de uso oficial, tras lo cual ingresaron hasta el mostrador donde se registran los visitantes, según imágenes difundidas por varios medios de comunicación.
Allí fueron repelidos con gases irritantes por militares equipados con escudos y a cargo de la seguridad del Palacio Nacional, en el centro de Ciudad de México, comentó a la AFP un camarógrafo presente en el lugar.
El fugaz asalto ocurrió mientras López Obrador ofrecía su habitual conferencia de prensa matutina y, paradójicamente, hablaba del caso Ayotzinapa. «Es un plan de provocación clarísimo«, dijo al ser informado por una reportera de lo que ocurría en el exterior.
Llegaron «a la entrada nada más. No entraron» al palacio, señaló a la AFP Jesús Ramírez, portavoz presidencial. Los manifestantes también rompieron cinco ventanas a pedradas y dejaron varias pintadas, en una de las cuales se leía «solo queremos un diálogo«, constató un periodista de la AFP.
Entre los manifestantes había estudiantes, activistas de derechos humanos y familiares de algunos de los 43 jóvenes desaparecidos en septiembre de 2014 en la localidad de Iguala (estado de Guerrero, sur). Este caso desató una ola de indignación mundial y es considerado una de las peores violaciones de derechos humanos cometidas en México.
López Obrador aseguró que está dispuesto a reunirse con los padres de los estudiantes, pero reiteró su denuncia de que abogados y asesores de los familiares lo impiden porque están usando la tragedia con fines políticos y para lucrarse, y entorpecen las investigaciones.
El presidente delegó a un subsecretario de Gobernación (Interior) para recibir a las familias y sus representantes, que explicaron a la prensa que los manifestantes recurrieron a la fuerza al no ser recibidos más temprano en ese despacho.
«No somos represores»
Desde hace varios días, alumnos de la escuela de formación de profesores de Ayotizanapa venían realizando actos de protesta en Guerrero y Ciudad de México, donde instalaron un campamento frente al palacio de gobierno, al que atacaron con piedras y palos este miércoles. Allí vive el presidente.
«Quisieran que respondiéramos de manera violenta, no lo vamos a hacer, no somos represores. (…). Se va a arreglar la puerta y no hay problema«, afirmó sereno el mandatario poco antes de concluir su conferencia a la hora habitual.
López Obrador ha multiplicado sus denuncias sobre provocaciones al gobierno a medida que se acercan las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que su candidata, Claudia Sheinbaum, es favorita.
Miguel Hernández, limpiabotas de 52 años que trabaja desde hace dos décadas en la calle Moneda, que corre por el flanco izquierdo del palacio, relató a la AFP que los encapuchados intentaron derribar la puerta con las vallas metálicas de la entrada, pero al no lograrlo usaron una camioneta de la empresa eléctrica estatal.
«Un grupo de unos 15 jóvenes intentaron ingresar, pero no llegaron a cruzar» los detectores de metales, pues «una línea de militares ya estaba apostada» para impedírselo, detalló.
Las puertas del Palacio Nacional, cuya construcción inició en 1522 durante la colonia española y alberga murales del renombrado Diego Rivera, fueron blanco de manifestantes en otras protestas, pero esta es la primera vez en años recientes que logran derribar una.
Caso sin resolver
Los estudiantes de la normal rural desaparecieron entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Hasta ahora solo han sido identificados restos de tres de ellos.
La pesquisa del anterior gobierno (2012-2018) -conocida como «verdad histórica«- apuntaba a que fueron detenidos por policías de Iguala en colusión con narcotraficantes del cártel Guerreros Unidos que los confundieron con miembros de una banda enemiga.
Tras asesinarlos los incineraron y arrojaron las cenizas a un río de la zona, según esa versión que fue rechazada por las familias y un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó el caso.
Luego de asumir el poder en 2018, López Obrador dio un nuevo impulso a las indagaciones mediante la creación de una Comisión para la Verdad (COVAJ), que realizó una nueva pesquisa.
En ese marco, la fiscalía ha ordenado el arresto de 132 personas, entre las cuales 14 miembros del Ejército y el exprocurador general Jesús Murillo Karam, uno de los responsables de la «verdad histórica».
La COVAJ aseguró en octubre pasado que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los jóvenes, y reiteró que fue un «crimen de Estado«.
Por: Agencia