Las investigaciones y señalamientos que se le siguen a Nicolás Maduro y a todo su régimen por delitos de Lesa Humanidad siguen su curso, sistemáticamente se va incrementando el número de delitos y se va engrosando su expediente criminal.
A su ya extenso legajo se le suma la muerte de 200 venezolanos en lo que va de 2021, así lo confirma la actualización del informe sobre crímenes de Lesa Humanidad en Venezuela, que este 10 de marzo dio a conocer la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU.
Un informe que refleja la gran verdad y que acusa a Maduro por mantener las ejecuciones extrajudiciales como política de Estado. Un informe además que desmiente la manipulación que desde el régimen se quiso tejer con la relatora de Maduro.
De los puntos más álgidos que refleja este informe da cuenta de la sistematización de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluyendo violencia sexual y de género, cometidos por agentes estatales venezolanos desde 2014 a la actualidad.
Investigación que, a juicio de Marta Valiñas, presidenta de la Misión, ha contabilizado más de 200 asesinatos cometidos por las fuerzas policiales del Estado en los últimos meses. Manteniéndose el señalamiento a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) como el organismo represor más reconocido en estos asesinatos.
“Entre el 7 y el 9 de enero, las FAES llevaron a cabo la que podría ser una de las operaciones policiales más letales hasta la fecha, en el barrio de La Vega, en Caracas. Según fuentes policiales, se desplegaron 650 agentes en la operación”, habría mencionado Valiñas en esta actualización, alertando que luego de estos asesinatos, los familiares de los fallecidos han sido sometidos a acciones de amedrentamiento y acoso con el propósito de obstaculizar las investigaciones sobre el caso.
La Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela también alertó sobre la continuación de la persecución y el acoso político en contra de la dirigencia opositora, acciones que se han agravado a raíz del fraude electoral del 6 de diciembre de 2020, “evaluadas, tanto a nivel nacional como internacional, como injustas y carentes de libertad”, y que derivaron en una mayor concentración de poder del régimen y en nuevas detenciones y señalamientos en contra de diputados de la Asamblea Nacional legítima.
Se denuncia, por ejemplo la detención del parlamentario Gilberto Sojo que se produjo el 25 de febrero por las FAES con acusaciones de terrorismo vinculados a su participación en protestas políticas en 2014, también se reclama por los casos del diputado Juan Requesens y de Roland Carreño, ambos injustamente presos y a quienes se les han violentado todos sus derechos.
Y es que tal como se señala en este informe, continúan los procedimientos penales en más de dos tercios de los 110 casos de detenciones arbitrarias contra disidentes políticos y militares que fueron investigados para el informe de septiembre de 2020.
Uno de los casos que encendieron las alertas sobre la violación de los Derechos Humanos en Venezuela es el referido a Salvador Franco, indígena pemón que falleció en enero de este año porque le fue negada la atención médica.
La acción criminal y represiva del régimen de Nicolás Maduro no ha cesado en su empeño de censurar a los medios de comunicación y perseguir a los periodistas, así lo refleja el informe, además de la judicialización y persecución a las organizaciones no gubernamentales que se dedican a la defensa de los Derechos Humanos, tal como aconteció con Alimenta la Solidaridad y Azul Positivo, entre otros.
Hablamos de más de 200 muertes que se traducen en 200 expedientes que engrosan la ya larga lista de casos que pesan en la espalda de Nicolás Maduro, quien, ni con la manipulación de relatoras, ni con discursos cargados de falsedades ante la ONU, podrá borrar el delito mayor del cual se le acusa, el del ejecutor de crímenes de Lesa Humanidad. Hablamos de 200 nuevas causas que lo aproximan, cada vez más, a su juicio sumario.
Ante tales hechos y evidencias, la comunidad internacional está obligada a actuar para detener estas muertes e injustos hechos. Venezuela merece justicia, y vivir en libertad, y los criminales, como Nicolás Maduro, merecen la cárcel y el castigo por todos sus crímenes.
Por: Lester Toledo / prensalestertoledo@gmail.com