El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, reunió este lunes a los poderes públicos en Brasilia mientras unas 1.500 personas eran detenidas tras la invasión el domingo de edificios oficiales por simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro que buscaban la caída del mandatario.
Los titulares de los poderes públicos de Brasil, encabezados por Lula, cerraron filas contra los actos de vandalismo ocurridos el domingo, cuando miles de simpatizantes del expresidente de extrema derecha asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
En una inusual declaración conjunta, publicada en el Twitter de Lula, los jefes del Senado, la Cámara de Diputados y del Supremo Tribunal Federal rechazaron los «actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas» en la capital.
«Convocamos a la sociedad a mantener la serenidad, en defensa de la paz y la democracia», afirmaron.
Los reponsables se reunieron en el Palacio de Planalto, donde Lula reanudó sus actividades pese a que el predio fue uno de los sitios vandalizados, con ventanas rotas y oficinas destrozadas.
Los emblemáticos edificios de la capital brasileña fueron tomados el domingo durante casi cuatro horas por miles de seguidores de Bolsonaro que exigían una intervención militar para retirar a Lula del cargo que asumió hace una semana, el primero de enero.
Los incidentes recordaron los ataques al Capitolio en Washington hace dos años, llevados a cabo por simpatizantes del entonces presidente estadounidense Donald Trump, aliado de Bolsonaro.
Campamentos desmantelados
«Estoy absolutamente convencido de que Brasil enfrentará esta situación con la responsabilidad adecuada», expresó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios y a sus eventuales financiadores.
Hasta el lunes se había detenido a unas mil 500 personas, informó Flavio Dino, ministro de Justicia y Seguridad, precisando que la mayoría de ellos estaban en un campamento en Brasilia desde donde salieron buena parte de los atacantes.
Cientos de policías y militares fueron desplegados este lunes en diferentes puntos del país, como Brasilia, Rio y Sao Paulo, para desmantelar estructuras similares, desde donde hace dos meses se exigía una intervención militar que pretendía impedir el regreso de Lula al poder.
El despeje respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente «en 24 horas» las acampadas, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su estrecha derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.
«No estoy de acuerdo con lo que se hizo ayer. Es vandalismo, es acabar con patrimonio que es nuestro», detalló a AFP Ionar Bispo, un residente de la capital de 43 años.
La marea humana irrumpió en los edificios con muchos manifestantes ondeando banderas brasileñas y la camiseta de la ‘Seleção’, símbolos de los que el bolsonarismo se ha apropiado.
Los actos del domingo fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, desde los gobiernos de Estados Unidos y Francia hasta Rusia y China.
La Confederación Brasileña de Fútbol repudió con vehemencia este lunes el uso de la casaca «en actos antidemocráticos y de vandalismo».
Bolsonaro hospitalizado
Lula, que en el momento de los hechos estaba en Araraquara, en el estado de Sao Paulo (sureste), para observar los desastres causados por inundaciones recientes, ha cuestionado la respuesta tardía y poco preparada de las fuerzas del orden.
«Hubo, diría yo, incompetencia, mala voluntad o mala fe de las personas que cuidan de la seguridad pública del Distrito Federal», afirmó entonces.
El mandatario decretó una intervención federal que le da poderes especiales a su gobierno para restaurar el orden en la capital.
Desde la noche del domingo, el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes suspendió por 90 días de sus funciones al gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien acababa de presentar sus disculpas por «las fallas» de seguridad y de despedir al secretario de esa cartera, Anderson Torres, exministro de Bolsonaro.
«No hizo falta seguridad, había policías. Faltó que ellos actuaran, para no dejarlos hacer lo que hicieron», dijo Pedro Sabino Rapatoni, un asistente administrativo de 21 años.
Además de denunciar un «gesto antidemocrático» como «nunca se había hecho» en Brasil, Lula responsabilizó a los «discursos» de Bolsonaro por haber «estimulado» a los «vándalos fascistas».
En un tuit, el expresidente, que partió a Estados Unidos dos días antes de la investidura presidencial, condenó los «saqueos e invasiones de edificios públicos». Además, calificó las acusaciones de su sucesor de «infundadas».
Bolsonaro fue hospitalizado este lunes y se encuentra en observación por una molestia en el abdomen, zona en la que fue apuñalado en 2018 durante un mitin, informó su esposa Michelle. Medios brasileños informaron que el exmandatario está internado en Orlando (Florida, sureste de Estados Unidos).
Estados Unidos no ha recibido de momento una petición del gobierno brasileño sobre Bolsonaro, afirmó el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.
Por: Agencias / Foto: Cortesía