Este jueves se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero en Latinoamérica, donde las cifras de feminicidios no parecen conocer un límite, no hay nada que celebrar. La agencia France 24 recopiló datos en una región donde la violencia de género es devastadora y con enormes consecuencias para la salud y el bienestar de miles de mujeres y niñas.
La eliminación de la violencia contra las mujeres constituye un objetivo mundial encomiable, pero que está lejos de alcanzarse, incluso de aproximarse, en América Latina.
El continente llega a este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, con cifras y panoramas aterradores, así como demasiados familiares enlutados por sus hijas, hermanas o madres.
En México, la insoportable repetición
México debería encabezar cualquier sumario de dicha violencia en la región. Basta con mencionar los nombres de Debanhi Escobar o Lidia Gabriela para confirmarlo.
En 2021, se registraron 4.002 feminicidios en el país. Significa que fueron asesinadas, en promedio, 11 mujeres todos los días. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador rompió récord con esas cifras, y lo grave es que sólo 1 de cada 4 muertes es investigada como feminicidio, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y eso, a pesar de que el Código Penal Federal mexicano establezca que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidios.
Una falta de voluntad política que indignó aún más la población cuando un hackeo por parte del grupo Guacamaya permitió conocer que el Ejército Mexicano espía los grupos feministas, a los que compara con grupos subversivos, anarquistas e incluso guerrillas.
Las pandillas de Centroamérica en la espiral de violencia de género
Centroamérica claramente no se posiciona mejor en la lucha contra ese flagelo. En Honduras, los asesinatos de 14 mujeres en una semana a finales de octubre pusieron en alerta al país. El letal conteo que registran las autoridades es de una mujer asesinada cada día. Y en esa nación donde operan bandas criminales como la pandilla MS-13, los feminicidios presentan cada vez más huellas de saña y odio.
Del lado de El Salvador, un país con un panorama criminal similar, las conclusiones no son más alentadoras. Un documento presentado este miércoles por la Red Feminista Frente a la Violencia contra las Mujeres (RED-FEM) denuncia «retrocesos e involución» en el proceso de erradicación de la violencia contra la mujer.
Uno de esos retrocesos, a criterio de la experta en derechos humanos Silvia Juárez, es la falta de acceso a información y datos estadísticos sobre la situación, lo que «minimiza un problema e impide que se construyan políticas públicas basadas en evidencia estadística», sentenció la experta.
Y esa baja prioridad estatal también se ve reflejada en el abandono de iniciativas que en su momento fueron pioneras. Efectivamente, en 2011, el país centroamericano abrió la primera sede de Ciudad Mujer, un programa ejemplar de atención integral para las mujeres. Pero este símbolo de una sociedad más igualitaria sufrió en 2022 de un recorte de más de $5 millones en el presupuesto, y Ciudad Mujer ha pasado de ser una iniciativa precursora a un proyecto agonizante por falta de atención gubernamental.
La violencia contra las mujeres está generalizada en Bolivia
Miremos ahora más al sur del continente. En Bolivia, el Gobierno declaró este año como «Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización». Quizás porque la nación presenta la tasa más alta de feminicidios por habitante de Suramérica. Números que, lejos de disminuir, supusieron en 2022 un incremento del 30% respecto al año anterior, según la Coordinadora de la Mujer y la Fiscalía General del Estado de Bolivia.
Una realidad agravada en las zonas más rurales de Bolivia, donde a menudo las comunidades presentan un acceso limitado a los servicios, las comunicaciones y la tecnología, y donde, por ende, la violencia está naturalizada y la normalidad es que las mujeres sufran insultos y patadas.
En el gigante Brasil, las cifras también dan escalofríos. Para 2021, se registraban una mujer violada cada 10 minutos, según la ONG Foro de Seguridad Pública. La mayoría de las denuncias corresponde a violencia doméstica, cometida principalmente por los esposos o compañeros sentimentales de las víctimas. Y en el seno del hogar, las armas de fuego contribuyen regularmente a la violencia de género en la esfera marital, incluido el feminicidio.
Un matiz importante en Brasil: las mujeres afrodescendientes se ven especialmente afectadas por la violencia armada, constituyendo alrededor del 70% de las mujeres muertas a tiros en 2019, mientras que el perfil de los agresores es predominantemente de raza blanca.
Venezuela, un país que carece de cifras
En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro prometió en 2013 que se erradicaría «la violencia de género en todas sus expresiones». Y desde entonces, ninguna ONG puede confirmar o negar estas pretensiones. La realidad es que no hay cifras estatales de feminicidios desde 2017.
Sin embargo, este 24 de noviembre el fiscal general de la Repúblcia, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público ha contabilizado en los últimos cinco años mil 201 feminicidios.
El caso de Venezuela también consta de una circunstancia especial, por el éxodo de su población ante masivas violaciones de derechos humanos. Colombia y Perú son los países que más personas venezolanas han acogido, y son también los dos grandes ausentes a la hora de garantizar el derecho a una vida libre de violencia y discriminación para las mujeres refugiadas venezolanas.
En su informe «Desprotegidas: Violencia de Género Contra Mujeres Venezolanas Refugiadas en Colombia y Perú» de julio, Amnistía Internacional cuenta como las agresiones ocurren tanto en las rutas migratorias como en sus lugares de residencia.
Hablando de Colombia, 2022 fue la oportunidad para reconocer las crueldades sufridas por las mujeres durante el conflicto armado interno (1964 – 2016). El capítulo de mujer y género publicado por la Comisión de la Verdad recopila hechos especialmente aterradores. «Pasaban las motosierras sobre las mujeres embarazadas, por la barriga, pa’ cortales los niños, pa’ matarlas a ellas», contó por ejemplo una mujer indígena a la Comisión, entre miles de testimonios similares en barbarie.
La impunidad gobierna las políticas de género
Desafortunadamente, no se augura que en el futuro inmediato los Estados resuelvan esa crisis humanitaria que aflige a las latinoamericanas. A pesar de que la mitad de los países de la región cuenten con ministerios de la Mujer, los presupuestos de género tienden a ser bajos o inestables.
De esa manera, los programas de protección carecen de recursos y las víctimas de violencia de género deben enfrentarse a un sistema judicial muchas veces lento, sin garantías de justicia.
El 25 de noviembre es para acciones gubernamentales valiosas. También es para recordar que la violencia contra las mujeres no se encarna únicamente en un moretón o unos insultos en la calle; también son cuerpos empalados o degollados, que yacen en una acera hasta que la impunidad hace que se pudran.
Por: Agencia