La Comisión Europea (CE) ha suspendido la participación en el programa Erasmus+ de 21 universidades de Hungría bajo control estatal, ya que no ve garantías de que los fondos europeos sean utilizados de forma transparente, informó hoy la prensa local.
La CE envió a Budapest a finales de diciembre una carta en la que informó sobre la suspensión temporal del programa de intercambio de estudiantes y profesores Erasmus+ financiado por la Unión Europea (UE), según el diario digital independiente Népszava.
La medida afecta a 21 universidades que en abril de 2021 fueron transformadas en «fundaciones de interés público» dirigidas por personas cercanas al Gobierno del primer ministro, el ultranacionalista Viktor Orbán.
Estas fundaciones son privadas, pero financiadas con fondos estatales, algo que ha sido criticado en varias ocasiones por la CE.
En octubre de 2022, tras la visita de una delegación del Parlamento Europeo (PE) a Budapest, la eurodiputada francesa Gwendoline Delbos-Corfield ya advirtió que sería difícil que estas fundaciones siguieran recibiendo fondos europeos.
En las recientes negociaciones del Gobierno de Orbán con la CE sobre la congelación de 22.000 millones de fondos comunitarios, uno de los temas fue la participación de políticos en las direcciones de dichas fundaciones.
Budapest ha prometido reformar la ley, pero solo ha determinado que los políticos que forman parte de las fundaciones no podrían votar en ciertos asuntos.
Népszava recuerda hoy que en 2020 más de 22.000 estudiantes húngaros han participado en el programa de intercambio internacional Erasmus+, con una financiación comunitaria de 40 millones de euros.
Por otra parte, la suspensión afecta también el programa marco de investigación e innovación Horizonte Europa para el período 2021 – 2027.
En cualquier caso, Bruselas reiniciará estos programas cuando Budapest «corrija las irregularidades«, recoge Népszava.
A finales de diciembre la CE decidió no entregar a Hungría los 22.000 millones de euros en fondos de cohesión que le corresponden hasta que haya garantizado que los programas para utilizarlos respetan la Carta europea de Derechos Fundamentales en materia de independencia judicial, leyes educativas, libertad académica y derecho al asilo.
Por: Agencia