El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó este año una de las leyes migratorias más estrictas del país, vista por muchos como un arma política para afianzarse en la carrera por la nominación presidencial del Partido Republicano hacia las elecciones generales de 2024; una contienda en la que, sin embargo, no ha despuntado como esperaba.
La ley SB1718 entró en vigor en julio, poco después de que DeSantis anunciara que concurría en las primarias republicanas y cuando era visto como el oponente más viable para enfrentar al expresidente Donald Trump (2017-2021), de quien no obstante se distanció en los meses posteriores de forma progresiva e inapelable.
De acuerdo con el promedio de sondeos publicado en la web especializada fivethirtyeight.com., a poco de celebrarse los caucus de Iowa (15 de enero), que suponen el comienzo oficial de las primarias republicanas, Trump es el líder indiscutible entre los votantes de ese partido con el 62,4 por ciento de la intención de voto.
En el segundo puesto se ubica DeSantis, pero a una distancia considerable con un 11,9 por ciento.
«Trata de enaltecer su nombre en el plano nacional usándonos como chivos expiatorios», señaló a EFE Ana María Hernández, directora de campo de la Coalición de Inmigrantes de Florida (Flic), sobre lo que considera el uso de la inmigración como una herramienta política por parte del gobernador.
«En vez de un tema humanitario se ha vuelto un tema político. Si eres proinmigrante eres demócrata, si estás en contra eres republicano. Están creando una división», agregó la directiva de Flic, quien sostiene que la SB1718 fue concebida como un guiño a las bases más conservadoras del partido.
Huida de trabajadores esenciales
Entre otras cosas, la norma establece que las empresas con más de 25 trabajadores deben usar E-Verify, un polémico sistema federal que revisa el estatus migratorio de los empleados y que desde su implementación en el marco de esa ley estatal ha llevado a muchas compañías floridanas a tener que despedir trabajadores.
«Muchos (indocumentados) se han mudado a otros estados donde se sienten más seguros y que no son perseguidos», explicó Hernández, quien recuerda que los inmigrantes trabajan en sectores esenciales como la agricultura, la hostelería y el servicio doméstico. En el caso de este último suponen el 55 por ciento de la fuerza laboral.
«Sabemos que muchas empresas y empleadores de Florida no están de acuerdo con la implementación del E-Verify», señaló Hernández, y recalcó que el sistema no funciona bien, se cae «a cada rato», y en ocasiones da información incorrecta.
Pero aun así recientemente un gran jurado conformado por la Administración de DeSantis, quien en 2022 fue reelegido gobernador con casi 20 puntos porcentuales de ventaja, ha recomendado a todas las empresas implementar el E-Verify, sin importar el número de empleados.
De igual modo, la Administración de DeSantis planea crear una oficina para supervisar que las organizaciones de inmigrantes no tengan indocumentados en sus filas.
La SB1718 contiene otro polémico apartado que penaliza hasta con 15 años de cárcel el transporte de indocumentados a Florida, aun cuando se trate de familiares, compañeros de trabajo o allegados.
Las licencias de conducir para indocumentados emitidas en otros estados ya no son válidas en Florida, y ahora los hospitales y centros médicos deben preguntar por el estatus migratorio de los
pacientes, lo que ha generado entre los indocumentados miedos de ir al médico, recalca Hernández.
La Flic y otras organizaciones proinmigrantes temen que el próximo año, en el que se realizarán elecciones presidenciales, el «asunto de la inmigración» pueda convertirse en un camino incluso más pedregoso y, por tanto, ya empiezan a hacer campañas junto a congresistas aliados para promover leyes más favorables para los indocumentados.
«Sabemos que la guerra contra los inmigrantes no ha terminado, pero vamos a pelear», aseveró Hernández.
Por: Agencias / Foto: Cortesía