La tranquila comunidad de La Plata, una población afrocolombiana situada a orillas del Pacífico, en el departamento de Valle del Cauca, recibió hace una semanas una visita tan desagradable como inesperada. Un grupo armado llegó para hostigar a sus habitantes, quienes desde ese día temen que su modelo de gobernanza y su proyecto de conservación están en peligro.
«Hemos tenido presión de actores externos que han alterado el orden público en el territorio, pero en este proceso de resistencia social y civil comunitaria hemos podido seguir resistiendo a la injerencia de grupos armados al margen de la ley y seguimos haciendo un proceso de conservación», cuenta a EFE Santiago Valencia, líder comunitario del consejo afrodescendiente de La Plata.
Sin embargo, esta paz que habían logrado hasta el momento se tambaleó el pasado 22 de enero cuando un grupo armado desembarcó en la playa del consejo y atemorizó a la población con disparos al aire. Incluso trataron de llevarse por la fuerza a uno de los líderes sociales.
«Lo que nos ha amenazado la tranquilidad en este territorio ha sido la injerencia recientemente de grupos al margen de la ley. Sabemos los intereses económicos que hay sobre este territorio, tiene bondades naturales únicas», agrega Valencia, quien denuncia que «están presionando para que la comunidad tenga que desplazarse«.
La Plata, donde viven 210 familias, es un enclave estratégico para las rutas del narcotráfico y para el control territorial de grupos armados en el departamento de Valle del Cauca (suroeste).
Además, está a solo una hora en lancha de Buenaventura, principal puerto de Colombia y ciudad disputada por bandas criminales que tuvieron sometidos a los habitantes de numerosos barrios haciendo que fuera una de las urbes más peligrosas de Colombia y en este momento mantienen una aparente tregua.
Por otro lado, La Plata está muy cerca de la base naval de la Armada colombiana de Bahía Málaga.
Precisamente con el Estado es con quien tienen otro conflicto abierto -agregó Valencia- por la disputa territorial sobre 20.000 hectáreas de sus ancestros que no les han sido tituladas porque la base naval «tiene intereses».
«Nos siguen violentando (el Estado) a través de la base naval y el Ministerio de Defensa, así como la política de Parques Naturales», la entidad estatal encargada de los ecosistema protegidos, con la que tienen una disputa por el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, y a la que acusan de «meterse en el territorio étnico».
Intereses de grupos armados
La incursión armada no es la primera noticia que los vecinos de La Plata tenían de grupos armados. Desde 2002 han llegado amenazas contra la integridad física de líderes comunitarios, denunció Valencia, y agregó que también se han producido varios episodios de restricción de movilidad en su territorio.
«Aquí hay un tema también de fondo que es querer desplazar a la comunidad de sus prácticas ancestrales, sacarlas de su territorio ancestral», lamentó el líder comunitario, quien achacó estas presiones a los intereses minero-energéticos y portuarios que tienen actores externos sobre sus tierras.
A todo esto se suma «el abandono estatal sistemático» porque «no hay saneamiento básico, no hay agua potable, no hay escuelas para que los niños puedan recibir educación formal».
En este momento el territorio de La Plata está militarizado y soldados con fusiles se mueven por los rincones de la comunidad, camuflados pero presentes ante la posibilidad de que vuelva algún grupo armado.
Por eso los vecinos le piden al Estado una presencia «integral», no solo militar.
Protección del ecosistema
Los habitantes de esta comunidad negra llevan a cabo un proceso social y ambiental con el monitoreo de la biodiversidad que es liderado por las mujeres dedicadas a la recolección de pianguas, un molusco muy usado en la gastronomía local,y al monitoreo del manglar.
Además, están impulsando iniciativas de turismo comunitario y fomentando la pesca artesanal.
Por Agencia.