Un bloque de siete organizaciones sociales y de derechos humanos de Guatemala denunció este miércoles que la persecución política ha forzado al exilio a más de 100 personas solo entre enero y septiembre de 2024, y alertó sobre un escenario crítico de cara a la renovación de las altas cortes en 2026.
Durante la presentación de un informe sobre criminalización, Rafael Cruz, abogado de la organización Cristosal, detalló que han identificado un «patrón sistemático» que inicia con acoso en redes sociales, avanza hacia la judicialización y culmina con la búsqueda de condenas en tribunales específicos.
«El objetivo son quienes defienden el territorio, el medio ambiente y exoperadores de justicia disidentes al régimen del Ministerio Público (Fiscalía)», explicó Cruz.
La alarma de las organizaciones se proyecta hacia 2026, año de las llamadas «elecciones de segundo grado», un proceso clave donde se definirá la continuidad o el relevo de autoridades en el Ministerio Público, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Entre ellas, la Fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras y sancionada por más de 30 países por corrupción y acciones antidemocráticas, a la que señalan de haber intentado impedir que el actual presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, asumiera el poder por medio de casos judiciales espurios luego de su inesperada victoria electoral en 2023.
Por: EFE / Foto: Cortesía