El 65 por ciento de escasez de anticonceptivos hasta junio de 2021 a nivel nacional, resaltado por la organización Convite junto a otras asociaciones fundamenta la advertencia de expertos acerca del atentado contra el derecho a la vida sexual y planificación reproductiva. Una cadena truncada por precios desde Bs. 15 millones y hasta 60 millones por una caja de pastillas, cuando se trata de un gasto mensual. No permite la elección y hasta obliga a mecanismos más duraderos, tales como los dispositivos intrauterinos o subdérmicos.
La pandemia por COVID-19 y sin acceso fijo a programas o servicios de salud sexual y reproductiva es una de las causas más comunes que conlleva a este problema que asfixia a la planificación familiar, donde Barquisimeto se ubica en el 42,8 por ciento. La Prensa de Lara intentó comunicarse con Javier Cabrera, director de Salud de la entidad, para saber las políticas aplicadas en la región y no hubo respuesta. Pero se trata de un drama que dejó atrás la tradición de protegerse con anticonceptivos orales, con la prescripción médica y que no pudo seguir cumpliéndose tanto por la falta de continuidad con determinadas pastillas, la cual estaba indicada de acuerdo a la carga hormonal para evitar trastornos menstruales, controlar patologías, dolores de cabeza y hasta evitar el acentuado acné.
Luzmila Leal, coordinadora regional de la organización Médicos Unidos en Lara, señala que se trata de un derecho humano para poder planificar la cantidad de hijos y en el tiempo pertinente, además de permitir el disfrute de una vida sexual activa, sin las angustias por un embarazo no deseado.
Se refiere a una realidad que no sólo atañe a la mujer e incluye al hombre, por la preocupación de un problema concebido desde la pareja. Desde allí, Leal no sólo responsabiliza las pocas medidas desde el Estado, sino en la responsabilidad desde la familia con la orientación y que aplica con más intensidad en los adolescentes que se inician cada vez más temprano en la sexualidad. Un avance que más allá de la curiosidad y adaptación al grupo, lleva a pensar en las consecuencias de traer a un hijo sin las condiciones para su salud y que empiezan por la nutrición adecuada.
Las advertencias del ginecobstetra Carlos Cabrera empiezan por la importancia de la vigilancia médica en casos comunes que improvisan con las inyecciones, sin considerar las implicaciones del contenido de progesterona que pueda generar reacciones de acuerdo al organismo de la mujer.
“Venezuela ha cambiado y predomina: lo que se consiga”, señala de esa sustitución que debería ser controlada con otros fármacos del mismo componente del habitual. También crítica que la falta de información ni siquiera permite escoger entre el mecanismo más accesible y hasta terminar con los tabúes entre adolescentes o jóvenes que desconfían de la garantía de los dispositivos intrauterinos.
“¿Cuánto vale?”, es la pregunta recurrente que espanta a quienes van a comprar pastillas anticonceptivas, señala Omar Álvarez, presidente del Colegio Farmacéutico de Lara, al tener presentaciones hasta en promedio de Bs. 30 millones para las más frecuentes. Explica que más allá de la existencia en anaqueles es la limitación económica que impide tener un presupuesto para este gasto mensual.
Una de las salidas planteadas en Barquisimeto es desde la Asociación Larense de Planificación Familiar (Alaplaf), donde Azorenny Bracamonte resalta que la pandemia por COVID-19 les impide mayor alcance, pero tienen una alta demanda por los dispositivos T de Cobre e implantes, por ser mecanismos a largo plazo y de garantía para la protección. También manejan una lista de espera para los casos más vulnerables, según estudio socioeconómico para tratar de cubrirles todo lo necesario.
Todo este ambiente presiona con más fuerza a la mujer, al punto de optar por mecanismos definitivos como la histerectomía.