La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (Rele) rechazaron el viernes la investigación penal emprendida por la Fiscalía de Venezuela contra las primarias opositoras del domingo 22 de octubre, y pidieron al Estado venezolano que no criminalice las iniciativas de participación ciudadana convocadas por la oposición.
«Los derechos políticos están protegidos por el derecho internacional. En el contexto venezolano son además un punto medular para los diálogos y para la superación de la crisis, por lo que resulta imprescindible que no se criminalice las iniciativas de participación ciudadana», detallaron en un comunicado de prensa, reseñó EFE.
En el escrito, destacaron la importancia de los acuerdos alcanzados la semana pasada en las negociaciones entre el Gobierno venezolano y la oposición en Barbados, y advirtieron que para que los diálogos contribuyan a superar la crisis, el Estado debe garantizar la participación política de la oposición en las elecciones presidenciales de 2024.
La CIDH y la Rele dijeron estar al tanto de la investigación penal emprendida por la Fiscalía, que citó para el lunes a tres de los organizadores de los comicios para que declaren en calidad de investigados, y rechazó esta acción «no solo por contrariar el espíritu de los acuerdos alcanzados, sino debido a su efecto desalentador en la participación política».
CIDH rechaza investigación
Además, señalaron que en Venezuela persisten las restricciones arbitrarias a la participación política de opositores, la persecución por motivos políticos y las iniciativas legislativas y decisiones judiciales que buscan controlar y limitar las funciones de las organizaciones de la sociedad civil.
La comisión y su relatoría subrayaron la relación entre los derechos políticos y la libertad de expresión y destacaron que en el país caribeño, en lo que va de 2023, al menos nueve radios cesaron sus transmisiones por órdenes administrativas y, además, se han censurado temas, programas y entrevistados.
«El Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva y sin ningún tipo de discriminación», insistió.
El Parlamento y el chavismo en general han desacreditado las elecciones opositoras en las que resultó vencedora la exdiputada María Corina Machado, con un 92,35 % de los votos.
A la exlegisladora la inhabilitaron para ejercer cargos de elección popular hasta el año 2030, una medida que asegura no preocuparle, pese a que le impide postularse como candidata, a no ser que le levanten la inhabilitación.
Por Agencia