La Asociación Venezolana de Derecho Tributario (AVDT) planteó al Ejecutivo un paquete de reformas y alivios fiscales extraordinarios destinados a evitar el colapso del aparato productivo tras el doble terremoto que sacudió al país el pasado 24 de junio. El gremio aboga por transformar la política impositiva en una herramienta de reconstrucción y preservación del empleo en medio del estado de emergencia nacional.
La propuesta institucional insta a las distintas administraciones tributarias a reconocer de forma expresa la situación de «imposible cumplimiento» en la que se encuentran cientos de empresas. Esto se debe tanto a la destrucción física de inventarios, centros de distribución y comercios, como al impacto directo sufrido por el personal que gestiona dichos negocios.
Los especialistas de la AVDT dividieron su plan de acción en dos vertientes legales: la primera contempla medidas de aplicación inmediata que entran dentro de las potestades vigentes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y de los entes municipales.
Entre estas acciones destaca la implementación de prórrogas generales para la declaración y el pago de obligaciones nacionales, estadales y municipales en las zonas de desastre. Asimismo, el gremio solicita la no aplicación de sanciones e intereses moratorios bajo el amparo legal de la eximente por caso fortuito o fuerza mayor, acompañada de esquemas de fraccionamiento de pago para las deudas fiscales devengadas con anterioridad al siniestro.
Por otra parte, los expertos consideran crítico agilizar los canales burocráticos para la devolución de créditos fiscales pendientes y flexibilizar los deberes formales. Esto incluye otorgar facilidades normativas para que las empresas puedan reconstruir la contabilidad destruida por los temblores, suspendiendo temporalmente los lapsos de fiscalización y cobro ejecutivo.
Incentivos y fases del plan fiscal de emergencia
La segunda fase de la estrategia requiere de un decreto presidencial de exoneración o de la activación de mecanismos especiales bajo el decreto de emergencia nacional. En este apartado, la propuesta de la AVDT apunta de lleno al alivio de los costos operativos de la reconstrucción mediante el reconocimiento de la deducibilidad tributaria y la depreciación acelerada de las nuevas inversiones destinadas a reparar instalaciones dañadas.
A nivel de comercio exterior, la propuesta exige la exoneración total de aranceles y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para todas las importaciones vinculadas a la ayuda humanitaria, insumos médicos y maquinaria de reconstrucción.
Adicionalmente, el documento propone el diseño de incentivos fiscales temporales para corporaciones que realicen donaciones a programas de asistencia y un alivio temporal de los aportes parafiscales y de seguridad social para aquellas industrias que logren mantener intactas sus nóminas laborales en las regiones afectadas.
Coordinación macroeconómica regional
Para evitar distorsiones o discrecionalidades, la AVDT sugirió que la delimitación geográfica de los beneficios fiscales se ancle estrictamente a la declaratoria oficial de emergencia por estados y municipios. El consejo directivo de la entidad recomendó a las alcaldías y gobernaciones hacer uso de su autonomía constitucional para replicar estas medidas de alivio en las tasas comerciales locales mediante ordenanzas de emergencia.
Los firmantes de la propuesta —encabezados por su presidente Juan Korody Tagliaferro y los vicepresidentes José R. Belisario y Oscar Cunto— reiteraron que la magnitud de los daños materiales expone la urgencia de avanzar hacia una simplificación estructural del modelo impositivo venezolano, un proyecto que el gremio lleva seis meses discutiendo con diversos actores institucionales.
Por: Nota de prensa