
Los jubilados y pensionados de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) en el estado Zulia llevaron a cabo una manifestación este lunes 21 de agosto, frente a las instalaciones de la compañía de comunicaciones ubicada, en el Centro Comercial Santo Ángel, para exigir el restablecimiento inmediato del plan de salud, un beneficio fundamental que se encuentra amparado legalmente en el anexo C de su contrato colectivo vigente.
Durante la protesta, Mercedes Luengo, presidente de las asociaciones de jubilados de CANTV- Zulia, denunció que la empresa estatal lleva ocho meses de incumplimiento total tras haber suspendido las coberturas y los servicios médicos en agosto del año pasado.
Luengo califica la acción de la compañía como una «falta de respeto hacia los adultos mayores», quienes enfrentan diversas patologías crónicas y necesitan atención médica especializada de forma continua.
«Llevamos ocho meses, vamos para el año y no hay un pronunciamiento de parte de la empresa», expresó Luengo, quien recordó que en reiteradas ocasiones han consignado solicitudes formales ante las oficinas de CANTV sin obtener respuestas favorables.

Asimismo, recordó que la gerencia justificó la suspensión en 2025 bajo la promesa de que se trataba de un «mantenimiento al sistema» que duraría apenas una semana, un argumento que hoy catalogan como una gran mentira institucional que pone en riesgo la vida de cuatrocientos jubilados de la región zuliana.
Los afectados hacen un llamado urgente a las autoridades nacionales y a la directiva de CANTV para que asuman su responsabilidad contractual y devuelvan la seguridad social a un sector que dedicó décadas de su vida al desarrollo de las telecomunicaciones en el país, también a la mesa negociadora donde está la diputada Dinorah Figuera y los demás diputados que la conforman, de «verdad tiene que haber alguien que nos solucione este problema, porque hay personas que estamos aquí y muchas han fallecido».
Asimismo, la representación de los jubilados cuestionó la precariedad de sus ingresos mensuales, destacando que llevan aproximadamente entre cuatro y cinco años sin que se discuta ni se renueve el contrato colectivo. Criticaron que los ajustes salariales oficiales son prácticamente nulos y que la directiva de la empresa suple las reivindicaciones fijas mediante la implementación de bonos asistenciales desasistidos de incidencia legal.
«Cuando a nosotros nos aumenta es cuando vienen las discusiones de un nuevo contrato que se firme, entonces aquí no hay nada de eso, ¿qué es lo que hacen ellos? bueno, que ponen un bono y lo primero que dicen es, esto no entra para utilidades, esto no entra para vacaiones, ni nada de eso», puntualizó

