José Ignacio Hernández, constitucionalista y exprocurador del interinato en Venezuela, aseguró que la demanda presentada por María Corina Machado ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es jurídicamente «impecable».
Aseguró que la naturaleza del problema es política y sus solución «es solo política», por lo que las acciones legales acordadas entre la Plataforma Unitaria y la administración de Maduro no pueden olvidar el origen del problema.
El viernes 15 de diciembre María Corina Machado se presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una revisión de su inhabilitación política. La representante de Vente Venezuela asistió a la sede del Poder Judicial en la fecha tope establecida para que los candidatos apelaran las medidas de inhabilitación que pesan en su contra.
Machado, candidata presidencial ganadora de las elecciones primarias de la oposición, introdujo un documento mediante el cual deja en claro que no existe una inhabilitación política en su contra ya que argumenta que nunca recibió una notificación.
Según explicó en una rueda de prensa convocada en la noche de este viernes 15 de diciembre, el equipo legal de Machado introdujo una demanda de reclamación por vía de hecho, en la cual se argumenta que se hizo pública su inhabilitación sin que existiera un acto administrativo formal, lo que despoja de validez la medida en su contra.
De acuerdo con el constitucionalista José Ignacio Hernández, las condiciones del proceso de negociación el TSJ debe dictar en los próximos días una medida que garantice la postulación de Machado. Sin embargo, reconoce que «las estadísticas están en contra de esta probabilidad».
Hernández precisa que la Sala Político- Administrativa del TSJ deberá decidir en los próximos tres días si admite o no la demanda y si además protege preventivamente a María Corina Machado para permitirle postularse en las elecciones presidenciales de 2024. Si bien el Poder Judicial tiene fecha límite para emitir su decisión, el constitucionalista señala que esto «podría tardar años, e incluso, podría nunca decidir».
El constitucionalista aseguró que la demanda ante el TSJ es un fin y no un medio cuyo objetivo es que todos los candidatos de oposición que estén inhabilitados políticamente puedan postularse en las elecciones presidenciales de 2024. «Podría asumirse que por ahora, no habrá revisión de sanciones, hasta tanto el TSJ decida en los próximos días. El tiempo vuelve a correr en contra de Maduro».
Por: Agencia.