Son más de seis mil 500 socios que se vieron afectados por una medida de la oficina de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Zulia de frenar el pago descontado desde la nómina de asociados al Instituto Prevención Social del estado Zulia (Ipsez).
Así lo informó este jueves 21 de septiembre Olaida Villalobos, presidenta del organismo, quien contó que desde noviembre de 2021 hasta febrero de 2023 el mencionado despacho del gobierno regional retuvo el pago de los trabajadores del Gobierno regional al instituto.
«Hemos sido sometidos por la dirección de Recursos Humanos, presidida por la licenciada Natalia Machado, a ciertos hechos que perturban el libre derecho a asociarse y tener beneficios sociales diversos con el poco ingreso de sueldo que tienen los maestros«, indicó la directiva.
Villalobos explicó que el Ipsez tiene personalidad jurídica privada por lo que cuenta con la autonomía suficiente para domiciliar los pagos de cada uno de sus afiliados, siempre y cuando ellos estén de acuerdo, para mantener los beneficios que brinda la institución única de su tipo en el país y que cuenta con 65 años de trayectoria.
«Según una decisión de la 1° en lo Contencioso y Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia ordenó que esto era una sociedad civil y autónoma, independiente, con patrimonio propio y de carácter privado. Nosotros percibimos son fondos de tercero más no descuentos en nómina«, detalló.
La presidenta del Ipsez comentó que la encargada de Recursos Humanos de la Gobernación solicitó a uno de los bancos donde están varios de los socios detener el descuento de los pagos con el argumento de que eran inconsultos, cuando todas las domiciliaciones fueron aprobadas por los agremiados del Ipsez.
Recordó que Ipsez en su calidad de ente privado no solo cuenta con trabajadores públicos, también hay asociados que trabajan para otras organizaciones como PDVSA o empresas públicas y privada que cuentan con servicio médico integral, servicios funerarios, préstamos, crédito para comprar enseres del hogar todo por un monto módico.
COL y Guajira afectados
Leonardo Espina, comisionado en el municipio Lagunillas del Ipze, comentó que se dieron cuenta que la situación con el Gobierno regional no contribuye a nada porque al ser socios y agremiados tienen el derecho a una tranquilidad y bienestar.
«En una situación en la que ocurra un siniestro o se requiera un préstamo de salud, lo podemos adquirir inmediatamente«, aseguró.
César González, comisionado en la Guajira, calificó como una desconsideración lo que están haciendo desde el despacho de Recursos Humanos del gobierno regional .
«Exigimos a la señora Natalia Machado respeto a nuestros derechos y muestras libertades de ser socio por más de 30 años en esta institución que no ha brindado bienestar«, acoto González.
Texto y fotos: José Manuel Sánchez