Al caer la noche, unos 250 agentes de policía y empleados municipales entraron a un sórdido campamento de personas que esperaban solicitar asilo en Estados Unidos. Los migrantes tienen que registrarse para recibir sus credenciales o marcharse. En cuestión de horas, los que se quedaron estaban rodeados por una cerca de tela metálica suficiente para doblar en altura a la Estatua de la Libertad.
El operativo del 28 de octubre puede haber sido el final de un asentamiento que llegó a albergar a alrededor de 2.000 personas y bloquea un importante paso fronterizo con Estados Unidos. Pero podría surgir otros nuevos.
La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, criticó duramente uno parecido en Matamoros, al otro lado de la frontera con Brownsville, Texas, en una visita en 2019, diciendo: “Esto no es lo que somos como estadounidenses”. El gobierno del presidente Joe Biden publicitó su desmantelamiento en marzo, pero casi al mismo tiempo aparecieron otros en la cercana Reynosa y en Tijuana.
Los campamentos, llenos de niños pequeños, son producto de las políticas que obligan a los migrantes a esperar en México a sus audiencias en cortes de inmigración estadounidenses o les prohíben solicitar asilo en virtud de medidas de salud pública relacionadas con la pandemia del coronavirus. La incertidumbre sobre las políticas de asilo de Washington también ha contribuido al crecimiento de las poblaciones migrantes en ciudades fronterizas mexicanas, lo que creó las condiciones para el nacimiento de más asentamientos.
Los migrantes no suelen estar a la vista en esas ciudades, pero en Tijuana el campamento es muy visible y perturbador. Sus carpas cubiertas con lonas azules y bolsas de plástico negras bloquean la entrada a un cruce fronterizo por el que una media de 12.000 personas pasaban a diario a Estados Unidos antes de la pandemia. Es uno de los tres pasos peatonales a San Diego.
Estados Unidos reabrió por completo sus fronteras terrestres con México y Canadá para viajeros totalmente vacunadas el 8 de noviembre.
Montserrat Caballero, la primera alcaldesa de Tijuana, dijo que los funcionarios no hicieron “casi nada” para controlar el asentamiento antes de que ella llegase al cargo el 1 de octubre. Y cuando pidió a los gobiernos estatal y federal de México que se uniesen a ella para levantar una cerca e imponer un registro, se negaron.
“Por ser un caso tan público, las autoridades de todos los niveles tuvieron miedo de equivocarse, miedo de hacer algo mal y que su carrera política se hubiera afectada”, afirmó durante una entrevista. “Nadie quiere tocar los temas”.
Caballero señaló que actuó para proteger a los migrantes. No sabe de homicidios ni secuestros en el campo, pero The Associated Press halló que las agresiones, el consumo de drogas y las amenazas han sido habituales.
“No puedo cerrar los ojos a un foco rojo que yo veía”, agregó. “Cerrando los ojos solo crece mas”.
El único punto de acceso está controlado las 24 horas del día por la policía de Tijuana. Los migrantes con identificación pueden entrar y salir libremente.
“Ahorita no hay proceso de asilo (en Estados Unidos) hasta nuevo aviso”, explicó Enrique Lucero, director de los servicios municipales para migrantes, a quienes le preguntaban por la política estadounidense durante un recorrido matinal por el recinto la semana pasada.
Desde marzo de 2020, Washington ha empleado el Título 42, llamado así por una ley de salud pública, para expulsar a adultos y familias sin oportunidad de asilo. La excepción son los menores no acompañados. Pero el gobierno de Biden ha ejercido esa autoridad sobre apenas una de cada cuatro familias debido en gran medida a la falta de recursos y a la reticencia de México a recibir de nuevo a familias centroamericanas.
El motivo por el que Estados Unidos deja libres a muchas familias que piden asilo y deporta a otras a México no está claro, lo que lleva a los expulsados a quedarse cerca de la frontera hasta lograr su objetivo.
Mayra Funes, una hondureña de 28 años, dijo que no tuvo ocasión de explicar su caso a los agentes cuando fue expulsada tras pasar de forma ilegal cerca de McAllen, Texas, en marzo con su hija de 7 años. No sabe si lo intentará de nuevo tras seis meses en el campamento de Tijuana.
“No hay esperanza de cuando va a abrir”, apuntó.
Lucero, un graduado de la Universidad George Washington de voz suave que trabajó en el consulado de México en Chicago, dijo que su trabajo es convencer a los migrantes para que se vayan a un albergue, incluyendo las grandes instalaciones inauguradas recientemente por los ejecutivos federal y estatales. Muchos rechazan esta opción por los toques de queda y las normas que rigen su funcionamiento, además de por la preocupación de que estar más lejos de la frontera les impedirá enterarse de los cambios en las políticas de Washington.
Natalina Nazario, de 37 años, no necesitó ser persuadida: paró a Lucero y aceptó la oferta de la ciudad de pagar el billete de bus a Acapulco, a unos 3.000 kilómetros (1.900 millas), para ella y sus hijos de 17 y 11 años. Teme la violencia en la ciudad costera, pero tras un mes en el asentamiento no quiere que sus hijos pierdan más clases.
Pocos más notaron la presencia de Lucero. Olga Galicia, una guatemalteca de 23 alis, estaba sentada en un bordillo lavando ropa en un cubo de plástico con agua y jabón. Llevaba unos seis meses en el campamento y dijo que se quedaría con sus hijos de 1 y 3 años hasta que recopile más información sobre cómo pedir asilo en Estados Unidos.
Tijuana no sacará a ningún migrante por la fuerza, señaló Caballero, que espera que los que quedan se marchen durante la temporada de lluvias. Miles de personas que llegaron en una caravana en 2018 se empaparon durmiendo al aire libre durante los gélidos aguaceros de noviembre.
La ciudad estima que el campamento albergaba a unas 1.700 personas dos semanas antes del operativo del 28 de octubre, del que Caballero avisó públicamente aunque sin ofrecer una fecha concreta.
El primer conteo, el 29 de octubre, identificó a 769 migrantes, de los cuales más del 40% eran menores. La mitad eran mexicanos — muchos de los estados de Guerrero y Michoacán —, un tercio procedían de Honduras y el resto de El Salvador y Guatemala.
El importante descenso justo antes del registro refleja probablemente que muchos de los que vivían allí eran indigentes, no migrantes, apuntó Caballero.
El laberíntico campamento ocupa una enorme plaza en su día vacía. En algunos de sus pasillos apenas caben dos personas caminando a la vez en direcciones opuestas. La gente descansa dentro de sus tiendas o en sillas plegables fuera.
Hay 12 baños portátiles, 10 duchas y un grifo comunitario para lavar la ropa. Las organizaciones benéficas donan alimentos a los migrantes, que preparan chocolate caliente, huevos fritos, hot dogs y espaguetis para todos. Hace poco, una empresa estatal de servicios públicos impidió que el campo robara la electricidad, dejándolo a oscuras por la noche y obligando a la improvisada cocina a depender de comida enlatada.
El futuro es más incierto para un campamento similar en Reynosa, al otro lado de la frontera con McAllen, Texas. Unas 2.000 personas viven en una plaza cerca del principal cruce fronterizo de la ciudad, señaló Felicia Rangel-Samponaro, directora de The Sidewalk School, una asociación que brinda educación a los menores allí.
Por orden judicial, el gobierno de Biden tiene previsto restablecer pronto una política de su predecesor, Donald Trump, para que los solicitantes de asilo esperen en México a la celebración de sus vistas en Estados Unidos. La medida depende de la aprobación de las autoridades mexicanas, que ya han dicho a Washington que necesitan más camas en albergues y mostraron su preocupación por la violencia en el estado de Tamaulipas, donde está Reynosa.
Se espera que el programa “Permanecer en México” se reanude en “las próximas semanas” luego de que las autoridades de ambos países resuelvan “una serie de asuntos pendientes”, dijo Blas Núñez-Nieto, secretario adjunto del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos para política fronteriza y migratoria, en un documento judicial el lunes. No ofreció más detalles.
Caballero apuntó que Estados Unidos no ha presionado a México para reabrir el concurrido cruce peatonal entre Tijuana y San Diego. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense aseguró en un comunicado que está trabajando estrechamente con México “para determinar cómo reanudar el tránsito habitual de forma segura y sostenible”.
La alcaldesa tiene previsto pedir ayuda a la Guardia Nacional mexicana para evitar la aparición de nuevos asentamientos en Tijuana.
“La realidad es los campamentos van a suceder si no estamos preparados”, afirmó.
Por Agencia