miércoles, diciembre 25

Gobierno exige ante la ONU el levantamiento de sanciones

El Gobierno Bolivariano de Venezuela, mediante la intervención de su representante permanente ante la ONU-Ginebra, Héctor Constant, valoró este martes que la lta comisionada Michelle Bachelet haya reconocido en la víspera el impacto negativo de las Medidas Coercitivas Unilaterales (MCU) en el disfrute de los derechos humanos en Venezuela y haya solicitado su levantamiento a los países que las imponen.

Así lo expuso en la 48° sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que funciona en la ciudad suiza, donde Bachelet presentó el lunes la Actualización Oral anual de su informe sobre el tema de los derechos humanos en el país suramericano.

El embajador Constant Rosales recordó a la Alta Comisionada que desde su último informe, el Gobierno de Estados Unidos ha continuado su asedio contra Venezuela con la imposición de ilegales MCU que causan muerte, dolor y sufrimiento al pueblo, y que siguen secuestrados miles de millones de dólares en bancos extranjeros, lo que priva al Estado venezolano de recursos indispensables para adquirir alimentos, medicamentos e insumos médicos.

Indicó que, en su visita a Venezuela en febrero de este año, la Relatora Especial sobre el negativo impacto de las MCU, Alena Douhan, constató los estragos causados por estas medidas en el bienestar del pueblo.

Destacó que, a pesar de estas agresiones, la inversión social en Venezuela se mantiene y una muestra es que más de 7,5 millones de familias se benefician con la distribución de alimentos a través del programa CLAP; la Gran Misión Vivienda Venezuela ha entregado más de tres millones 600 mil viviendas dignas y avanza la vacunación masiva contra la COVID-19, triplicando los esfuerzos para inmunizar a 300 mil personas diariamente.

El Representante Permanente de Venezuela ante el Consejo de DDHH de la ONU aportó datos sobre el progreso de la cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada (OACNUDH), que se sustenta en una Carta de Entendimiento firmada inicialmente en 2019 y renovada en este mes septiembre por un año más, precisando que se llegó a 12 el número de funcionarios de la instancia en el país y que desde septiembre del año 2020, la Oficina realizó 24 visitas a centros de detención y misiones en el terreno en al menos ocho estados.

Lo anterior confirma “el compromiso de Venezuela con la protección de los derechos humanos y nuestra voluntad de cooperación con la Oficina”, ratificó el diplomático venezolano.

Informe politizado

Sin embargo, el representante bolivariano lamentó nuevamente que “aún se aprecien en el informe elementos politizados que afectan negativamente su objetividad y credibilidad, con información no contrastada con las autoridades venezolanas y con uso de fuentes de escasa credibilidad, a pesar de la presencia permanente de la Oficina en el país”.

Puntualizó que estos cuestionamientos infundados alimentan la agenda de agresión multiforme contra Venezuela.

En su intervención, el embajador Constant también se refirió el proceso de diálogo Gobierno-oposiciones, iniciado recientemente en México y valorado positivamente por la Alta Comisionado en su informe, destacando la disposición del Gobierno Bolivariano para que este diálogo rinda sus frutos y contribuya al bienestar del pueblo venezolano, “para lo cual es necesario el levantamiento de las ilegales MCU impuestas al país”. 

Por: Agencias / Foto: Cortesía