El Gobierno de Perú, que preside la derechista Keiko Fujimori, promulgó este domingo un decreto legislativo que autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control y la seguridad en las cárceles del país que han sido declaradas en emergencia por albergar a presos de alta peligrosidad y estar hacinadas, informaron fuentes oficiales.
La medida se aplicará «de manera excepcional y temporal» en cinco grandes prisiones, donde los militares apoyarán en labores de inteligencia, soporte logístico y tecnología para neutralizar drones, bloquear comunicaciones clandestinas e impedir el paso de armas.
Al respecto, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) destacó que se trata del primer decreto que emite el Ejecutivo tras haber recibido el pasado 21 de octubre la autorización del Congreso para legislar directamente durante 90 días en materias de seguridad ciudadana y combate al impacto del fenómeno climático de El Niño.
Agregó que el decreto 1742 fue publicado en el diario oficial El Peruano con el objetivo de fortalecer el control de los penales declarados en emergencia «mediante la participación temporal y excepcional de las Fuerzas Armadas, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP)».
«Prometimos un uso firme y contundente de las facultades legislativas y este primer decreto lo demuestra. Sumamos a las Fuerzas Armadas la tarea de recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen a los criminales con el exterior», señaló al respecto el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta.
La medida «responde a la situación crítica del sistema penitenciario» del país, que a agosto de 2026 albergaba a más de 107.000 presos, a pesar de tener una capacidad instalada para alrededor de 42.000.
«A este hacinamiento se suma la presencia de 494 internos vinculados a 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua, cuyo perfil delictivo exige condiciones reforzadas de máxima seguridad y aislamiento para evitar que sigan operando», sostuvo la PCM.
La norma complementa otras disposiciones del Gobierno para afianzar el control de las cárceles, como la ampliación del estado de emergencia, hasta enero de 2027, en las prisiones de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Miguel Castro Castro, Ancón I (Lima) y El Milagro (La Libertad).
Además, la decisión de construir dos nuevas prisiones en la ciudad de Huacho, en el norte de la región de Lima, con el objetivo de «descongestionar el sistema penal y cerrar el paso a las bandas delictivas», concluyó la información oficial.
Por: EFE