La organización Fundaredes denunció este martes 18 de abril el aumento de las denuncias de trata de personas en el estado Delta Amacuro, así como la implicación de distintos cuerpos de seguridad con las bandas que se dedican a este delito.
En una investigación de la ONG, señaló que Delta Amacuro –por su ubicación geográfica– constituye «por excelencia la autopista para facilitar este tipo de delitos por parte de bandas organizadas, bajo el tutelaje y la complicidad de funcionarios del Estado».
De acuerdo a un testimonio citado por Fundaredes, «en Delta hasta los oficiales se prestan para favorecer el tráfico de menores de edad, después de abusar de ellas las envían a trabajar a Trinidad donde son explotadas por mafias de delincuentes. Las despojan de su documentación y se ven obligadas a servir de carnada para un gran comercio humano».
Según investigaciones de varias ONG y familiares, a partir de 2019 se incrementaron las denuncias sobre la desaparición de embarcaciones en estados costeros como Sucre, Falcón y Delta Amacuro que estarían vinculadas directamente a la trata de personas a través de distintas modalidades, como la explotación sexual, laboral y esclavitud forzada, así lo reseñó Tal Cual.
Orlando Moreno, integrante del Foro Penal y quien fue consultado por FundaRedes en su investigación, aseguró que en las redes de trata estarían involucrados efectivos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), policía regional y Guardia Nacional, que trasladan a las víctimas en sus vehículos para que pasen sin problema hasta los campamentos y los puntos desde donde salen las embarcaciones.
«Se ha conocido que los montos de los traslados por las vías alternas rondan entre los 300 y 400 dólares«, dijo.
La ONG además identificó la participación no solo de las bandas de delincuencia organizada en la trata de personas, sino también de grupos armados irregulares como el sindicato de Barrancas, disidencias de las FARC y los «Pata de Gomas», que operan en el delta venezolano.
El Sindicato de Barrancas tiene presencia en sectores de los municipios Pedernales y Casacoima, vía fluvial, y en la frontera con Guyana en la mina «el Terror». Los «Pata de Gomas» actúan los municipios Tucupita, Antonio Díaz y en la población de Barrancas del Orinoco, al sur del estado Monagas; mientras que disidencias de las FARC controlan Pisco, en la mina Valledupar.
Para la organización, el Estado venezolano ha mostrado «una gran indiferencia» ante la trata de personas que a diario suceden en los estados costeros o con salida al mar, así como en las entidades fronterizas, pues a pesar de las denuncias la respuesta ha sido prácticamente nula.
A su juicio, la participación de los organismos del Estado también constituye una violación de derechos humanos por acción e incluso por omisión, al no aplicar medidas que impidan que estos hechos ocurran, así como la falta de investigación y sanción a los responsables.
Por: Agencias