La Fiscalía española ha recurrido la orden de un juez en España para investigar supuestos pagos del chavismo a exlíderes del partido español Podemos denunciados por el exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal.
Según informaron este martes a Efe fuentes jurídicas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española presentó un recurso que impugna parcialmente las diligencias encomendadas por el magistrado.
Un juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea, ordenó a la Policía española investigar supuestos pagos que, según el exgeneral venezolano, conocido como «El Pollo» Carvajal, habría efectuado el Gobierno de su país a exlíderes del partido de izquierda como Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa.
En concreto, según publica el diario español ABC, el Ministerio Público no está de acuerdo con investigar las cuentas de diversas empresas, Viu Comunicaciones y Viu Europa, que habrían sido señaladas por el exgeneral como supuestas tapaderas de Podemos, que integra el Ejecutivo coalición en España con el Partido Socialista.
Entre las cuestiones que el juez pidió investigar a la Policía se encontrarían presuntas transferencias de fondos de Venezuela, por un total de 142.000 dólares, a los fundadores de Podemos Carolina Bescansa, Jorge Lago y Ariel Jerez, a través de Viu Comunicaciones.
Fiscalía española rechaza investigar
El rastreo de los movimientos bancarios de Bescansa, Lago y Jerez y un estudio de las dos empresas mencionadas también forman parte de las pesquisas encomendadas a los agentes.
También solicitó averiguar la presencia de Monedero en Venezuela y acreditar presuntos cobros a través de la petrolera estatal venezolana Pdvsa.
El juez tomó esta decisión en el marco de unas diligencias sobre la financiación de Podemos archivadas en 2016 y reabiertas tras las revelaciones de Carvajal.
El exgeneral ha declarado en diversas ocasiones tras ser detenido en septiembre pasado en Madrid después de permanecer en paradero desconocido casi dos años para evitar ser extraditado a Estados Unidos, que le reclama por delitos como narcotráfico, una entrega que ha tratado de paralizar por distintos medios.
El proceso de entrega está a la espera de que la Audiencia Nacional responda a las garantías ofrecidas por Estados Unidos, que el fiscal consideró suficientes, a diferencia de la defensa del exgeneral.
Por Agencia