La Fiscalía de Perú pidió al Poder Judicial que no autorice el viaje de la candidata presidencial Keiko Fujimori a Ecuador, adonde fue invitada por el escritor Mario Vargas Llosa para participar el próximo 23 de mayo en el foro internacional «Desafíos a la libertad».
El pedido fue presentado por el fiscal José Domingo Pérez, integrante del equipo que investiga el caso Lava Jato en el país, quien consideró que no se justifica una flexibilización en las restricciones impuestas a Fujimori como parte de las investigaciones que se le sigue por presunta corrupción, informaron medios locales.
Los motivos del fiscal
Pérez recordó al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado que Fujimori es investigada actualmente por los delitos de lavado de activos, organización criminal y obstrucción a la Justicia, por los que ha pedido que se le imponga una condena a 30 años de cárcel.
«Se desconoce si entre los participantes en el cóctel de Quito se encontrarán coacusados y/o testigos ofrecidos con la acusación o, cómo asegurará la Justicia peruana que en territorio extranjero la acusada no se comunicará con alguno de ellos», remarcó el fiscal.
Agregó que «conviene preguntarse si el objeto del cóctel es o no compatible con los fines de la medida cautelar impuesta a la acusada como para flexibilizarla temporalmente».
El pedido de Fujimori
Keiko Fujimori, quien disputará la segunda vuelta presidencial peruana el próximo 6 de junio con Pedro Castillo, solicitó este miércoles permiso judicial para asistir al foro organizado por la Fundación Internacional para la Libertad (FIL).
La Justicia peruana ha impuesto una serie de restricciones a la hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), como la obligación de solicitar la autorización de un juez cuando quiere salir de Lima.
La candidata es investigada por presunto lavado de dinero en la financiación de sus campañas electorales de 2011 y 2016, en la que supuestamente ocultó, mediante una contabilidad ficticia, donaciones de grandes empresas, como 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora brasileña Odebrecht.
Durante la actual campaña electoral, la candidata del partido derechista Fuerza Popular obtuvo del magistrado Víctor Zúñiga un permiso extraordinario que le otorga vía libre para recorrer el país, mas no para salir al extranjero.
Por: Agencia