Más de 30 años de prisión por organización criminal, lavado de dinero, falsedad y obstrucción a la Justicia es la acusación contra la candidata a la Presidencia de Perú Keiko Fujimori por ocultar presuntas donaciones ilegítimas de Odebrecht y otras empresas en sus anteriores campañas electorales.
Tras más de cuatro años desde que inició sus primeras pesquisas, el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez concluyó y presentó este jueves ante la Justicia el informe de su investigación a Fujimori, la hija y heredera política de expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y líder del partido opositor Fuerza Popular (FP).
Las acusaciones formales también se extienden a su marido Mark Vito y a varios de sus colaboradores más cercanos, así como al propio partido, para el que solicita que sea «disuelto y liquidado» en caso de resultar condenado por estos delitos.
Este anuncio llega en plena campaña electoral para las elecciones generales del 11 de abril en la que Fujimori y FP están en contienda y supone la culminación del primer paso legal que puede llevar a la condena de la política y su entorno.
Ahora el caso de Fujimori queda en manos del Poder Judicial y será el juez Victor Zúñiga quien realice el control de la acusación, un proceso que puede demorar meses, y decida finalmente si se abre juicio oral por este caso.
En campaña
La resolución de la Fiscalía, si bien era ampliamente esperada y de hecho exigida por muchos sectores debido a la lentitud de la investigación, cuya última fase formal se demoró 2 años, 4 meses y 11 días, cayó en plena campaña electoral e inmediatamente hizo surgir críticas por su «oportunismo».
Así lo interpretó la propia Fujimori, quien en sus redes sociales indicó que «por más que un fiscal quiera ahora meterse en la recta final de la primera vuelta», ella segurá «enfrentando esta persecución y avanzando con energía» para, junto al pueblo, «superar esta emergencia sanitaria y económica».
De momento, Fujimori y su partido, que en 2016 se quedaron a un puñado de votos de obtener la Presidencia y obtuvieron una abrumadora mayoría absoluta en el Congreso (76 sobre 130 diputados), ahora marchan relegados en las encuestas, con aparentemente pocas opciones para entrar en una hipotética segunda vuelta electoral.
De forma sistemática, Fujimori, que se postula por tercera vez a la Presidencia de Perú tras haber caído derrotada en segunda vuelta tanto en 2011 como en 2016, es la política que concita un mayor rechazo («antivoto», en jerga política peruana) de entre todas las candidaturas.
Ante estas críticas, el fiscal Pérez, que es miembro del equipo especial de la Fiscalía que investiga las implicaciones en Perú del caso corrupción brasileño Lava Jato, indicó que en su papel como «fiscal que persigue el crimen» tiene la «obligación de acusar» en cuanto culmine su labor, sin entrar en otras consideraciones.
Largo y complejo
El caso contra Fujimori y su entorno nació con las revelaciones del caso Lava Jato en Perú y el reconocimiento por parte de Odebrecht de que aportaron dinero de forma irregular tanto a Keiko como a otros líderes políticos de Perú durante las elecciones de 2011 y 2016.
La empresa brasileña no fue la única en entregar millonarias donaciones ocultadas luego por Fuerza Popular, pues Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú, dio 3,6 millones de dólares que no quedaron registrados en ningún lugar, según confesó su presidente, Dionisio Romero, uno de los hombres más ricos de Perú.
Según la Fiscalía, el partido, bajo la dirección de Fujimori, instituyó un sistema fraudulento de contabilidad para ocultar el origen de los aportes bajo una contabilidad ficticia, donde las millonarias donaciones quedaban diluidas en múltiples aportes falsos de personas particulares.
El caso saltó con Fujimori en el apogeo de su poder: su bancada parlamentaria dominaba el Congreso y ejercía una oposición demoledora contra el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski y luego contra su sucesor, Martín Vizcarra.
Fue la anotación «aumentar keiko para 500 e eu fazer visita» (Aumentar 500 a Keiko y hacer visita») que apareció en los cuadernos de Marcelo Odebrecht la que comenzó a desmoronar su posición.
Muchos indicios y vacíos legales
La investigación se formalizó en agosto de 2018 y fue acumulando indicios hasta el punto de que el fiscal Pérez solicitó, y obtuvo, el ingreso en prisión provisional de Fujimori primero por 36 meses, plazo reducido luego a 18.
Mientras, los aliados de Fujimori en el Congreso y fuera del mismo comenzaron a maniobrar en contra de la Fiscalía, lo que generó un profundo rechazo ciudadano, hastiado de ver cómo la corrupción se cebaba en toda la clase política del país.
Fujimori pasó en prisión preventiva más de un año (octubre 2018-noviembre 2019), salió tras una apelación y luego volvió a regresar por otros cinco meses en 2020, esta vez para regresar a la calle a causa del covid-19.
Su prolongada detención solo sirvió para debilitar su tesis de que ella no cometió nada ilegal, pues cada vez ha sido mayor el goteo de empresarios y antiguos colaboradores que han confesado las maniobras ilícitas que se habrían cometido para ocultar el origen de las donaciones al partido.
En caso de llegar a juicio, la Fiscalía no tendrá fácil lograr una condena contra Fujimori, pues ni financiar las campañas electorales con dinero de empresas ni tampoco ocultar esta circunstancia eran delito en el momento de los hechos.
Para probar el lavado de dinero, el fiscal Pérez deberá demostrar que tanto Keiko como su partido eran conscientes que el dinero de las donaciones tenía origen ilícito, como en el caso de Odebrecht por los sobornos pagados a funcionarios entre 2005 y 2014 en Perú.
Por Agencia