Los empresarios venezolanos quieren invertir en el país pero desconfían del Gobierno, al que le exigen «más hechos que palabras», según un estudio publicado por la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras).
De las 1.116 personas encuestadas, que se identificaron como empresarios afiliados a algún gremio empresarial, el 82 % considera que, «de no satisfacer las exigencias políticas del Gobierno, siguen corriendo el riesgo de perder sus negocios o su libertad».
El mismo porcentaje sostiene que, en un escenario de negociaciones entre el chavismo y la oposición, con respaldo internacional, el sector privado debe participar como un nuevo actor independiente.
Precisamente, la Asamblea Nacional puso en marcha una comisión de diálogo nacional encabezada por su presidente, Jorge Rodríguez, por encargo del mandatario Nicolás Maduro. Esa comisión abrió un proceso de negociación con Fedecámaras, para lo que instalaron un grupo permanente de diálogo.
Acerca de ese primer encuentro entre Rodríguez y Fedecámaras, el 51 % de los encuestados no lo ve «muy relevante «y piensa que «es más de lo mismo».
El 31 % considera que fue «altamente significativo y necesario el encuentro entre ambas instituciones».
También el 51 % de los empresarios dijo desconfiar «en la promesa del Gobierno de respetar las reglas de juego favorables a los empresarios siempre y cuando éstos no se involucren en actividades políticas».
El sondeo también recoge que el 66 % de los encuestados dice que, «a pesar de los riesgos y dificultades, es un error renunciar a trabajar en Venezuela y dejar los espacios a inversionistas extranjeros», mientras que el 70 % afirma que «los únicos que hoy pueden garantizar el capital que necesita Venezuela para su recuperación son los inversionistas privados».
EL 84 % sostiene que «la primera condición para que lleguen las inversiones privadas en gran escala a Venezuela es que exista paz social y política en el país» y el 87 % considera «obligatorio que exista un nuevo marco jurídico que proteja a los empresarios».
Finalmente, el 67 % consideró que los empresarios venezolanos deben participar en las actividades reservadas al estado como los sectores del petróleo, gas, minería, petroquímica y servicios.