Los productores agrícolas venezolanos se manejan en un escenario comercial negativo e incierto que, entre otras causas, está provocando la continua y sistemática deserción de la actividad productiva de importantes unidades de explotación, especialmente de pequeños productores, y la reducción del área de siembra de la gran mayoría de todo el universo que conforma la plataforma agrícola del país, alrededor de 500.000 explotaciones.
En lo concreto, la producción interna no puede competir con las importaciones, un conjunto de factores conspira con este propósito:
El mercado interno de alimentos, en el cual se encadena la producción nacional, está inundado de productos importados que reciben exoneraciones arancelarias y se exceptúan de pago de impuestos, e igualmente de productos frescos y procesados contrabandeados.
La inflación interna; tanto en bolívares, como en dólares, es muy superior a la de los países exportadores y de nuestros principales socios comerciales. Estos países subsidian sus exportaciones y mantienen apoyos considerables a la producción agrícola.
La producción interna en nuestro país carece de apoyos y la inversión pública en infraestructura productiva es prácticamente nula.
El crédito agrícola, producto de la política de encaje legal del BCV, esta significativamente restringido.
La escasez de combustible limita el cumplimiento de las labores de preparación de tierra, siembras, combate de plagas y enfermedades y recolección y distribución de las cosechas.
El régimen climático conspira contra la Agricultura y su productividad y afecta más directamente a los cultivos de secano.
La relación ingreso-consumo está contrayendo significativamente la demanda interna de alimentos
Los precios internacionales de los commodities agrícolas, son muy inestables y vulnerables a contingencias políticas y naturales, y actualmente buena parte registran caídas importantes de precios que los hacen muy competitivos con la producción interna: maíz blanco, maíz amarillo, café, aceites y leche, entre otros.
Los agricultores venezolanos siembran a ciegas e incurren en gasto e inversiones apostando al futuro, sin tener idea de cómo resultara la venta de su producción,180 días después de la siembra.
Pese a este escenario, la producción agrícola venezolana de los tres últimos años detuvo la vertiginosa caída e intenta transitar una etapa de recuperación, favorecida más que por estímulos de políticas sectoriales, por la liberación de controles económicos que permitieron a sectores productivos acceder a insumos y comercializar sus cosechas sin mayores restricciones.
No obstante, en los dos últimos años la contracción del consumo esta afectando a todas la cadenas agroalimentarias, y más específicamente al eslabón más débil de ellas, los agricultores, que han visto reducir sus ingresos de manera desproporcionada.
Estamos iniciando la cosecha de los rubros de ciclo corto correspondientes a las siembras de invierno de este año y persiste el mismo clima de tensión que se presentó en las cosechas de años anteriores, es decir no hay acuerdo entre productores e industriales y continúan arribando a Puerto Cabello, embarques de maíz, arroz, y azúcar, y cruzan por la frontera café, papa, cebolla y otras hortalizas de contrabando, e igualmente de productos terminados que dominan el mercado interno y las compras gubernamentales.
No podemos permanecer indiferentes a esta situación que impacta negativamente a los agricultores que sostienen la economía de 17 Estados del país y aún permanecen en sus unidades de explotación autofinanciándose, luchando contra el clima, la inflación, la escasez de combustible, la competencia de productos importados, y en general, recibiendo como pago de sus cosechas precios que no cubren sus costos de producción.
Ante este cuadro de circunstancias negativas que amenazan la producción nacional, Fedeagro ha venido planteando:
La conveniencia de instaurar la agricultura de contrato, basada en acuerdos sobre precios y condiciones de comercialización entre agricultores e industriales.
Adoptar un sistema de estabilización de precios de importación de rubros sensibles como el que rigió en la Comunidad Andina (Sistema Andino de Franjas de Precios y, SAFP) que proteja a agricultores e industriales de las caídas y aumentos de los precios internacionales.
Crear una instancia entre los sectores público y privado (Consejo Nacional de Cereales) que oriente la política de estos rubros, haga un balance entre la oferta y la demanda interna y decida sobre los volúmenes a importar y la época para hacerlas.
Crear un Fondo para el desarrollo de cereales que se nutra de los aranceles pagados por importaciones cerealícolas, y entre otros temas, apalanque la innovación y desarrollo tecnológico de estos cultivos.
Algunos de estos temas requieren tiempo de maduración, otros deben ser implantados de inmediato, en este sentido hacemos un llamado al sector público con incumbencias en el tema y sector industrial que procesa materia prima de cereales, a reunirse con el sector productivo agrícola y avanzar en los tópicos incluidos en esta propuesta u otros que consideren pertinentes para la definición de una política agrícola para estos rubros.
Por: Nota de Prensa