El exsecretario de Seguridad Pública mexicano, Genaro García Luna, fue declarado este martes culpable de tráfico de drogas en el Tribunal Federal del Distrito Este de Nueva York, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua.
Tras la deliberación, los doce miembros del jurado lo han considerado culpable de cinco cargos por unanimidad.
García Luna, de 54 años, fue declarado culpable de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad; conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína; conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos, y conspiración para la importación de la misma cantidad o más, reseñó EFE.
El quinto delito era el de prestar falso testimonio a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la nacionalidad. El juez Brian Cogan ha anunciado que dictará sentencia el próximo 27 de junio a las 11 de la mañana.
García Luna trabajó en el cuerpo de inteligencia durante una década, encabezó la Agencia Federal de Investigación (AFI), cuyo objetivo principal era luchar contra el crimen organizado, durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), y fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012).
Desde 2012 vive en Florida, desde donde, según mostró la Fiscalía durante el juicio, viaja habitualmente a México.
El exfuncionario fue detenido en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EEUU) y estuvo en prisión hasta el arranque del juicio el pasado 17 de enero, cuando comenzó la selección del jurado.
La “otra” causa tiene que ver con corrupción
García Luna enfrenta además en Miami una demanda civil por lavado de fondos “robados” con la que México pretende recuperar unos 700 millones de dólares.
Esa cantidad es la mencionada por el Gobierno de México, pero en la demanda tan solo se dice que la cantidad a recuperar es superior a 250 millones de dólares, según una escala establecida.
La demanda interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade incluye a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como “participante principal” de una “compleja” red que usó al menos 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Esta acción legal está oficialmente “inactiva” desde diciembre pasado debido a una apelación aun no resuelta y es independiente de la causa penal abierta en los tribunales federales de Nueva York contra García Luna (2006-2012) por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.
Su esposa y sus socios también demandados
La UIF, organismo de la Secretaría de Hacienda, alega en esta demanda que García Luna y sus cómplices “ocultaron los fondos robados” y obstaculizaron la recuperación de los mismos, al lavar el producto a través de transferencias internacionales a cuentas bancarias en Barbados, Estados Unidos y otros lugares.
La demanda señala que el entramado liderado por García Luna lavó el dinero a través de al menos 30 empresas comprando 30 propiedades inmobiliarias, así como “múltiples automóviles y embarcaciones, y sustanciales activos bancarios y de otro tipo ubicados en Florida”.
“El dinero se usó además para financiar un lujoso estilo de vida”, alegan los demandantes. Los otros acusados en esta demanda son Mauricio Samuel Weinberg López; su esposa, Silvia Donna Pinto de Weinberg; el hijo de ambos, Jonhathan Alexis Weinberg Pinto, así como Natan Wancier Taub, José Francisco Niembro González y Martha Virginia Nieto de Miembro.
Por Agencia