El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua destacó este martes que el país «no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial» mientras el poder se concentra cada vez más en el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
«Hemos identificado al menos a 66 personas en los niveles medio y superior del aparato organizado de poder bajo el mandato de los dos gobernantes de Nicaragua», indicó el presidente del grupo, el alemán Jan-Michael Simon, al presentar un nuevo informe actualizado sobre el país ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, detalla EFE.
El jurista alemán y la experta en derechos humanos uruguaya Ariela Peralta, la otra componente del grupo, indicaron en el informe que ese aparato de poder sigue facilitando, coordinando y ejecutando graves violaciones y abusos de derechos humanos.
Continúan los crímenes de lesa humanidad, particularmente la persecución por motivos políticos, que el grupo de expertos ya denunció en anteriores informes, indicó Simon en su comparecencia de este martes.
Se mantienen las detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, o la instrumentalización del derecho penal para eliminar cualquier oposición real, potencial o percibida, agregó.
«Para resumirlo, las víctimas se ven obligadas a elegir entre la cárcel y la salida del país. Un ejemplo muy reciente de ello es la salida del país de 135 personas por motivos políticos», recordó Simon en alusión al reciente destierro a Guatemala de activistas y opositores.
Incluso fuera de Nicaragua, el Gobierno de Ortega comete violaciones de derechos humanos «con alcance transfronterizo» al negar el regreso al país de muchos opositores, indicó el experto de la ONU, quien cifró en más de 700 las víctimas en el exterior de estos abusos.
Familiares de opositores, incluidos al menos de un centenar de niños, son victimizados únicamente por sus lazos familiares, destacó antes de recordar también la represión de organizaciones e instituciones de la sociedad civil, entre ellas la Iglesia Católica.
«Se ha desmantelado cualquier esfuerzo de organización de la población campesina, y la toma forzosa da las universidades y las violaciones contra líderes estudiantiles y profesores han afectado masivamente a la educación», subrayó el jurista alemán.
Simon también lamentó que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sigan sufriendo violaciones graves en sus derechos de libre autodeterminación y de control de sus territorios, donde sus líderes y activistas «son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos».
El experto puntualizó que ninguno de los presos políticos indígenas figuraba en el grupo de 135 liberados la semana pasada por las autoridades.
Por: Agencias / Foto: Cortesía