La explotación de menores a través de la prostitución es un fenómeno que se hace cada vez más evidente en la ciudad de Caracas, expertos y testigos aseguran que la crisis humanitaria que atraviesa Venezuela y la inacción por parte de las autoridades incentivan la proliferación de este delito.
En diversas avenidas y plazas de la capital se puede observar como niñas y adolescentes, desde los 12 a 16 años, ofrecen servicios sexuales, aseguró el Coordinador del Frente en Defensa del Norte de Caracas, Carlos Julio Rojas, reseñó Diario 2001.
Puntualizó que, entre las áreas en que se han registrado la mayoría de los casos, se encuentran las avenidas Libertador y Lecuna cercanas al casco histórico de Caracas.
Asimismo, el líder vecinal denunció que en las avenidas Casanova y Solano, en los alrededores del bulevar de Sabana Grande, se encuentran algunos locales que ofrecen, de manera ilícita, servicios sexuales con menores de edad.
En la plaza Candelaria, ubicada en la parroquia de mismo nombre, los vecinos también han denunciado sobre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.
«Es un tema muy grave, mucha más porque existe una complicidad por acción y omisión de los cuerpos de seguridad del Estado», denunció Rojas.
Acotó que vecinos de Candelaria «han evidenciado la entrada de adolescentes que trabajan en estos establecimientos».
El líder vecinal afirmó que los propietarios de los burdeles «pagan vacunas a los policías para que no los arresten».
Instituciones inertes
En este sentido, la abogada e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Ucab, María Gabriela Cuevas, criticó las debilidades de las instituciones de protección al ciudadano y el sistema judicial.
Señaló que «las autoridades deben dar acompañamiento y apoyo a las familias, especialmente en situaciones humanitarias tan complejas como la venezolana».
Explicó que «en cada municipio deberían existir consejos de seguridad preventivos, para brindar apoyo y protección a quienes enfrentan casos de explotación».
Recordó que los servicios de protección ciudadana “están vinculados al sistema penal, que debe ponerse en movimiento para ayudar a las víctimas y enfrentar la situación”.
Pero la inacción por parte de las autoridades ha generado que la población “no confíe en los mecanismos de seguridad”, por lo cual “existe un miedo en la ciudadanía a la hora de denunciar estos casos”.
Carlos Julio Rojas coincidió con lo expuesto por la abogada, y explicó que, en muchos casos los adolescentes que son explotados a través de la prostitución “son agredidos por agentes de seguridad, quienes les cobran vacunas”.
Al respecto, Cuevas resaltó que en el año 2020 el Ministerio Público designó las fiscalías 95 y 96, “para enfrentar la trata de personas y la explotación de mujeres y niños”.
Sin embargo, “desde su creación no existen datos o información en medios de comunicación que evidencien que esas instancias actúen”.
La creación de esas fiscalías, considera Cuevas, «solo evidencia que existe un incremento en la explotación de menores, aún cuando el Estado lo negaba».
Insistió en que las autoridades son las responsables de contabilizar los casos, «pero no vemos resultados».
«Queremos saber cuántos son los casos de trata de niños, ya sea por explotación sexual o laboral», manifestó.
Crisis humanitaria incentiva la explotación de menores
Carlos Julio Rojas aseveró que, debido a la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, el número de niños en situación de calle ha incrementado en los últimos años.
Por esa razón, «hemos visto como niños sin hogar terminan ofreciendo servicios sexuales».
Relató que, una noche, mientras transitaba por la Candelaria, fue testigo del momento en que «una adolescente, de unos 14 años, le preguntó a su amiga cuánto dinero había ganado por acostarse con un sujeto».
La investigadora de la Ucab, María Gabriela Cuevas, explicó que la explotación de menores, en sus diversas modalidades «son delitos que proliferan cuando existe vulnerabilidad de las víctimas».
En el caso de Venezuela, que presenta una emergencia humanitaria compleja; la pobreza extrema y la migración han sido factores influyentes, dijo Cuevas.
Ante esta situación «el Estado no está en capacidad de proteger a sus niños y niñas».
Explicó que , solo en Caracas, «hay cientos de niños» que no cuentan con la protección de adultos responsables.
Esto se debe a que «son muchos los que están en situación de calle, y otros cuyos padres migraron y los dejaron a cargo de personas que no están capacitadas para cuidarlos» puntualizó.
Pactos con padres y representantes
Cuevas resaltó la urgencia de hacer visibles las modalidades de explotación sexual que «no están a la vista de todos».
«Hay un enfoque mayor hacia la prostitución, pero son muchas las maneras en que se explota a los niños y niñas».
El matrimonio o la Unión de Hecho Estable, son algunas de las coartadas que se utilizan para obtener beneficios ilegítimos.
Estas son, «en cierta forma, más aceptadas por la sociedad, pero siguen siendo un delito», acotó.
La especialista señaló que en distintas oportunidades, son los padres o responsables de los infantes quienes pactan estas uniones para obtener «ventajas económicas o materiales».
Por otra parte, «además del rapto y todos los actos que involucran violencia, uno de los más peligrosos es el enamoramiento» advirtió la abogada.
Explicó que que los criminales, suelen aparentar cierto interés o afecto para ganarse la confianza de sus víctimas, luego las utilizan como medio para beneficiarse.
«Puede aparecer un pretendiente, ya sea el caso de un niño o niña, este le ofrecerá maravillas con el fin de captar su atención», dijo.
Rojas y Cuevas reiteraron su llamado a las autoridades y organismos de protección al niño niña y adolescente.
Pidieron a los cuerpos de seguridad y al fiscal general de la República, Tarek William Saab, realizar las investigaciones pertinentes.
Por Agencia