La reciente actualización de la proclamación que restringe el ingreso de venezolanos a Estados Unidos ha generado confusión y preocupación, especialmente por las posibles separaciones familiares. Según Laura Dib, directora del programa para Venezuela de WOLA (Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos), «Si han llevado a cabo estas separaciones familiares… es importante aclarar que esto no ha sucedido solo en esta administración, sino que también durante la primera administración ocurrió». Dib añadió que es crucial seguir las decisiones judiciales en cada caso, dada la constante fluctuación entre las acciones del ejecutivo y las órdenes del poder judicial.
Omar Ortiz Vélez, abogado especializado en temas migratorios del despacho legal de Jaime Barrón, destacó en entrevista con Román Lozinski la naturaleza confusa de la medida, similar a otras tomadas desde enero 20. «Como todas las medidas que hemos visto desde enero 20, es confusa, no se da toda la información al momento, ya en la práctica es como vamos viendo en realidad cómo se efectúa».
Ortiz Vélez advirtió que esta medida afectará el proceso de aprobación de visas para venezolanos, limitando las opciones para obtener cualquier tipo de visa en algunos casos. Si bien se aclaró que las visas existentes no serán revocadas, las renovaciones podrían ser afectadas.
Dib califió la medida de desproporcionada, señalando que se basa en justificaciones como el índice de personas que se quedan más allá de la duración de su visa y la falta de capacidad del gobierno venezolano para revisar antecedentes. A finales de 2024, había un millón de venezolanos en Estados Unidos, de los cuales 700 mil estaban regularizados bajo el TPS y el parole humanitario, sumado a las personas con residencia y visas, aunque en menor proporción.
«Ocho de cada nueve venezolanos se quedan en países de la región, no emigran hacia Estados Unidos», subrayó Dib, destacando que quienes migran hacia Estados Unidos lo hacen con altos niveles de regularización migratoria. En lugar de imponer una restricción generalizada, Dib sugirió que se debería «verificar la situación de cada una y revocar las visas a las que hubiese lugar, pero no ir en contra de toda una nacionalidad y promover un profundo sentimiento antimigrante».
La nueva proclamación intensifica la incertidumbre para los venezolanos que buscan ingresar a Estados Unidos, generando preocupación por posibles separaciones familiares y un ambiente antimigrante. La comunidad legal y las organizaciones de derechos humanos siguen de cerca la situación y las posibles acciones legales para contrarrestar los efectos de esta medida.
Por: Agencias / Foto: Cortesía