125 organizaciones civiles nacionales e internacionales se manifestaron conjuntamente para exigir la renovación de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos para Venezuela en Naciones Unidas.
La Misión fue aprobada en 2019 y renovada en 2020 con el fin de investigar violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela desde 2014 y ha podido producir varios informes. Su mandato finalizaría en septiembre de este año y es tarea de las misiones diplomáticas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU solicitar y votar por su renovación para mantener su trabajo en marcha, reseña MundoUR
Entre los voceros de las organizaciones estuvieron Rafael Uzcátegui, de Provea; Tamara Taraciuk, de Human Rights Watch; Elvira y José Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete; Clara del Campo, de Amnistía Internacional; y Beatriz Borges, de Cepaz.
Los informes publicados por la Misión han sido, en muchos casos, la primera vez que las víctimas ven documentado para un organismo internacional lo que les ocurrió.
La mayoría de estos casos se encuentran impunes dentro de Venezuela y a lo sumo ha habido investigaciones o procedimientos contra funcionarios de bajo rango con acusaciones leves. La justicia exige hacer más.
Por: Agencia