Estados Unidos abrió este viernes una nueva era migratoria aplicando mano dura a los migrantes que llegan eludiendo las «vías legales» y, paralelamente, México suspendió los permisos de tránsito con los que los aspirantes al asilo avanzaban hacia el norte.
Los migrantes que llegan a la frontera con Estados Unidos tienen que haber pedido cita a través de la aplicación móvil CBP One o haber solicitado asilo en un país de tránsito hacia Estados Unidos y haberle sido denegado.
Porque de lo contrario, salvo contadas excepciones, podrían incurrir en una presunción de inelegibilidad al asilo, según una nueva norma que entró en vigor el viernes de madrugada.
El calendario de política interior ha tenido mucho que ver para el endurecimiento de las condiciones de asilo. Y es que el presidente demócrata Joe Biden se encamina a las presidenciales de 2024 con la migración como uno de sus puntos débiles, que los republicanos tienen la intención de aprovechar.
«Solo dios sabe»
Los migrantes no se dan por vencidos.
Agustín Sortomi, un hondureño, intentó entregarse a las autoridades fronterizas el jueves en Ciudad Juárez, México, con su esposa y sus dos hijos.
«Ya me entregué dos veces y no me reciben. No sé qué hacer», contó a una periodista de la AFP.
«Nos lanzamos al río, pero (los guardias) nos botaron. No vamos a conquistar ese sueño, solo dios sabe cuándo lo vamos a conquistar», declaró a la espera de ver «qué solución tienen las nuevas reglas».
Si los migrantes «no tienen una base para quedarse, los expulsaremos muy rápidamente (…) Hemos sido muy, muy claros en cuanto a que existen vías legales, seguras y ordenadas para buscar ayuda en Estados Unidos y si alguien llega a nuestra frontera sur, enfrentará consecuencias más duras», declaró el secretario de Seguridad Interior Alejandro Mayorkas a la televisión CNN.
Se refiere a que aplicarán el Título 8, una norma que permite la expulsión con prohibición de reingreso durante cinco años y posible procesamiento judicial.
Mayorkas reconoce que la situación es «desafiante», aunque según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, «el flujo va bajando» y no se registran «confrontaciones ni situaciones de violencia en la frontera».
México, cuyo presidente Andrés Manuel López Obrador habló esta semana por teléfono con Biden, parece haberse coordinado con su vecino.
Durante la rueda de prensa de Ebrard se presentó una lámina en la que se lee que el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas «no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país».
Esos documentos permitían a los migrantes desplazarse desde el sur al norte de México.
Una colaboradora de la AFP verificó que el jueves se cerró un centro que otorgaba esos salvoconductos en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala.
Y esto complica la vida a los migrantes, en su inmensa mayoría latinoamericanos, que huyen de la pobreza arriesgando sus vidas en viajes peligrosos hasta llegar a México, un país con problemas de seguridad y narcotráfico en algunas regiones.
En el paso fronterizo El Chaparral, en Tijuana, los cinco miembros de la familia Díaz, originaria del sureño estado de Guerrero, llegaron este viernes a su cita para solicitar asilo. La consiguieron en 10 días tras pedirla mediante CBP One.
El patriarca Amadeo Díaz, de 62 años, contó a la AFP que fue secuestrado por miembros del cártel de la Familia Michoacana que anda «pegando muy duro».
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Érika Guevara Rosas, acusa a México de «complicidad» en las «políticas inhumanas y crueles» de Estados Unidos contra personas que huyen de violaciones masivas de los derechos humanos en sus países.
Este viernes el gobierno estadounidense se despertó con dos malas noticias.
Un adolescente hondureño, Eduardo Maradiaga Espinoza, de 17 años, murió en un centro para refugiados en Florida. El Departamento de Salud y Servicios Humanos estadounidense (HHS), cuya Oficina de Reasentamiento de Refugiados supervisa el cuidado y alojamiento de los niños migrantes no acompañados, confirmó la muerte, pero no dio más detalles.
Varapalo judicial
Washington también ha tenido que encajar un revés judicial que complica sus planes.
Un juez de Florida le ha impedido dejar en libertad provisional en territorio estadounidense a algunos migrantes a la espera de que se diriman sus casos migratorios, como planeaba hacer el gobierno ante la limitada capacidad de los centros de detención.
En los últimos días los agentes estadounidenses han interceptado a unos 10 mil migrantes por día, según medios de comunicación estadounidenses que citan fuentes oficiales.
Según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, este viernes ha habido varios vuelos de expulsión a países como Colombia, Honduras o El Salvador.
Algunos migrantes aseguran que intentan usar las «vías legales», pero no funcionan.
En el cruce fronterizo de Tijuana, Paola, una guatemalteca, se acercó el jueves con su hija en brazos al cruce justo cuando expiraba la norma sanitaria conocida como Título 42, que prácticamente impedía solicitar asilo.
Un agente le explicó en español que no podía pasar y le recomendó que descargara la aplicación CBP One.
«Voy a intentar, dije, a ver qué pasa», comentó la joven. Lo intentó en el pasado varias veces. En vano.
Por: Agencias / Foto: Cortesía