El registro de viajeros que deberán hacer empresas de turismo, como agencias de viaje y hoteles, se activa partir de este lunes 2 de diciembre en España con la oposición del sector turístico, que considera que añade una carga burocrática y encarecerá los precios de los viajes.
El registro de viajeros obliga a agencias de viaje, establecimientos hoteleros, alojamientos, empresas de alquileres de coches y plataformas digitales relacionadas con el sector a compartir con la Administración datos sobre sus usuarios.
La información personal de los viajeros incluye, además del nombre y el número del documento de identidad, otros datos como teléfono, correo electrónico y detalles de la transacción.
La información debe volcarse en una aplicación que está operativa desde 2023 y a la que tiene acceso la Administración.
El Gobierno sostiene que debe disponer de información «precisa e indispensable» para las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque la normativa estaba obsoleta y no recogía las nuevas modalidades de negocio, como las viviendas turísticas, los portales y las centrales de reservas digitales.
Contra la queja de las agencias de viajes, de que la nueva norma exige recoger datos que afectan a la intimidad de las personas, el Ministerio español de Interior aclara que no introduce exigencias de información adicional a la que ya se solicita actualmente.
Las agencias alegan que la recogida de datos añade una carga burocrática que no pueden asumir, porque un 95 % son pymes y en muchos casos con un solo empleado, con lo que deberán prorrogar tiempos de trabajo; y alertan sobre la posibilidad de que provoque cierres y un hipotético encarecimiento del precio de los viajes.
También los hoteleros han mostrado su rechazo a la norma y anuncian que estudian acciones legales.
La norma asimismo ha sido cuestionada en sectores que la consideran una intromisión injustificada en la privacidad de los ciudadanos.
Desde el Gobierno, sin embargo, celebran que con la información aportada ahora a la plataforma se han localizado a 18.584 personas sobre las que constaba alguna requisitoria policial y que figuraban en bases de datos de señalamientos nacionales o en el sistema de información del Espacio Schengen de libre circulación de personas en la Unión Europea.
Por: Agencia