«Los abogados e incluso algunos trabajadores se han reunido con Carlos Lizcano, socio de la empresa Salva Food y hay disposición de pago pero no dispone de los recursos porque desde el 2018 el Estado les adeuda más de 500 millones de dólares», así lo informó Javier Hernández, vocero de algunos empleados.
Hernández habló en representación de 450 trabajadores quienes han interpuestos demandas con el propósito de obtener los pagos que les corresponden.
Expuso en su sentencia pública al diario La Verdad de Vargas que existen unos 2.350 trabajadores que han quedado sin empleo debido al cierre operativo de Salva Food y que no han presentado quejas ante los tribunales.
Salva Food era la empresa encargada de empaquetar los CLAP en Venezuela.
Instó a a sus compañeros que no se dejen manipular con información falsa y señaló que «será la empresa que avise cuando tenga los recursos» para realizar los pagos.
Afirmó que de salir algún pago debe ser para los que han aceptado la bonificación de $180 por año de trabajo «nosotros los que hemos demandado iremos a juicio y habrá que esperar sentencia a favor del personal».
Por: Agencia