Juan López sale cada día de casa temiendo no regresar. Dice vivir en zozobra desde que lucha contra la explotación minera en una zona montañosa de ríos cristalinos y espesos bosques del noreste de Honduras, uno de los países más peligrosos del mundo para los ambientalistas.
De pie en una roca junto a las aguas del río Guapinol, cuenta que una vez alguien le advirtió que le pasaría lo mismo que a Berta Cáceres, la reconocida líder ecologista asesinada a tiros el 2 de marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el oeste del país.
«Cuando uno se mete en este país a defender los bienes comunes… entra en choque con los grandes intereses (…) Si uno sale de su casa, siempre tiene en mente que no sabe qué le puede pasar, si puede volver«, dice a la AFP este activista de 42 años, coordinador de un comité ambientalista de la zona.
López siente estar en una lucha de David contra Goliat: acusa a la compañía Los Pinares de, amparada por las autoridades oficiales, explotar a cielo abierto un mineral de óxido de hierro que daña la reserva forestal Botaderos, cerca de Tocoa, 220 km al noreste de Tegucigalpa.
A la orilla del Guapinol, en las afueras de Tocoa, se extiende una gigantesca planta donde la empresa tritura las rocas que son llevadas en camiones por un camino de lastre de uso exclusivo de la compañía.
En un reciente mensaje en Facebook, Los Pinares aseguró que «trabaja en el desarrollo sustentable de Tocoa» y reforesta las zonas más dañadas del bosque. La AFP pidió a una portavoz de la empresa gestionar un permiso de acceso a la mina, pero no hubo respuesta.
Con un pie en la cárcel
Juan López nunca sale de noche y procura no ir solo a lugares apartados. Según el informe de la ONG Global Witness, Honduras es el segundo país con más asesinatos de ambientalistas per cápita (17 en 2020), después de Nicaragua. Le siguen Colombia, Guatemala y Filipinas.
«Es un drama. El temor es ese: perder la vida por andar en esto«, dice angustiado.
También tiene un pie en la cárcel.
En 2018, el comité montó un campamento que obstaculizó por un tiempo el trabajo de la minera. En un enfrentamiento contra custodios de la empresa, un ambientalista resultó herido de bala, tras lo que los manifestantes retuvieron al jefe de seguridad de la compañía y un vehículo fue incendiado.
López y otros 31 manifestantes fueron acusados por la Fiscalía. Ocho están presos «sin base legal«, según un informe de Grupo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias.
Desde aquellos días, no consigue empleo y sobrevive de los aportes solidarios que recibe el comité ambientalista.
Vive con su esposa e hija de cinco años en un barrio de trabajadores, en una casita de cemento y zinc, con un pequeño patio por donde andan las gallinas, un perro y un gato.
Su mayor preocupación son el Guapinol y el río San Pedro, que bajan de la montaña y abastecen a unos 16.000 habitantes. Pero la zona también está amenazada por la deforestación, la contaminación de ríos y la cacería furtiva.
La reserva de Botaderos tiene 34 cuencas hidrográficas, alberga árboles de alto valor y especies exóticas, animales en peligro de extinción y restos arqueológicos prehispánicos.
«Sicariato ambiental»
Con 96.755 hectáreas, el Parque Nacional Botaderos recibió el estatuto de «área protegida» en agosto de 2012. Pero un año después, tras una modificación aprobada por el Congreso, 217 hectáreas quedaron fuera de esa zona, y allí se instaló la minera.
Junto a Juan López en el río, Reynaldo Domínguez, otro miembro del comité, afirma que la minera remueve tierra con tractores, corta árboles de hasta 50 años y daña las cuencas hidrográficas. Es un «sicariato ambiental«, dijo.
Tocoa es una pujante comunidad de más de 100.000 habitantes al pie del parque, con grandes y diversos negocios, aunque con barrios periféricos pobres de caminos de tierra, a unos 10 km de las playas blancas del Caribe.
Está rodeada por vastas extensiones de palma africana, es escenario de fuertes conflictos entre terratenientes y campesinos, y es un área de fuerte operación del narcotráfico, pese a la presencia de contingentes militares.
En Cayo Campo, un barrio de la periferia, floreció el emporio del cartel «Los Cachiros«, de los hermanos Rivera Maradiaga, cuyos testimonios propiciaron la cadena perpetua dictada en marzo en Nueva York contra Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del presidente Juan Orlando Hernández.
«Uno no sabe qué traman las grandes empresas y los círculos del poder», pero en Honduras, cinco años después de la conmoción nacional e internacional que provocó el asesinato de Berta Cáceres, se siguen «amenazando personas, familias y comunidades» -lamenta Juan- por defender el ambiente.
Por Agencia