El secretariado del Colegio Nacional de Periodistas, durante un encuentro en la ciudad de Baruta, estado Miranda, los días 2 y 3 de marzo de 2024 rechazó de manera unánime, en nombre de los casi 27 mil agremiados, inscritos en las 26 seccionales a lo largo y ancho del país, «la pretensión de crear en Venezuela un Estado Mayor de la Comunicación, idea anunciada recientemente por el ministro Freddy Ñáñez en ocasión de haberse celebrado en la ciudad de Mérida el Congreso de la Nueva Época: Siete Transformaciones como método para alcanzar el camino para la prosperidad».
El vicepresidente sectorial de la Comunicación y la Información, en su presentación como vocero del área en el citado congreso, solicitó la creación de dicho Estado Mayor argumentado la «modernización de las leyes» referentes a la comunicación popular, en un marco ideológico de «transformación y recuperación de la identidad nacional», aparentemente circunscrita en el ámbito de la cultura popular, las artes y las representaciones folclóricas.
Para el anuncio, el ministro «utilizó un lenguaje ambiguo que nos llenó de preocupación y alarma, sobre todo porque se da en un contexto preelectoral en el que el ecosistema de medios del país se encuentra reducido al mínimo, con el cierre sistemático de cientos de estaciones de radio y de programas de opinión, la desaparición práctica de la prensa escrita a partir de maniobras de asignación de papel periódico y de otros insumos, de persecución y criminalización de reporteros y comentaristas que investigan sobre irregularidades gubernamentales, del bloqueo constante a páginas de Internet cuando se muestran críticas a la actuación del régimen, de la censura como norma, de la opacidad de las instituciones nacionales a la hora de ofrecer los datos de su gestión pública y de la aprobación de una ley que regula de manera ilegítima las organizaciones no gubernamentales donde la sociedad civil hace vida, entre otras tantas maneras de control total sobre el hecho comunicacional y periodístico, todo ello concretando la hegemonía comunicacional estatal que desde 2007 fue anunciada por el entonces ministro de Información y Comunicaciones, Andrés Izarra García, la cual ha sumido en el silencio periodístico a una buena parte del país.
Igualmente, el LVII Secretariado Nacional del CNP señaló con preocupación la instauración de un organismo de «inspiración militar como lo es el Estado Mayor aplicado al pensamiento y la cultura, a la libre circulación de las ideas y a derechos fundamentales del hombre como lo son el de la libre expresión, el acceso a la información, a la creación artística, a la libertad de cátedra y de asociación, a partir de una noción de lucha contra la desculturización, concepto acuñado pero no enunciado ni explicado por el anuncio gubernamental, y que aparentemente se enmarcaría en lo contemplado por el Plan de la Patria 2019-2025 en la llamada descolonización de la historia, en el que se pretende instaurar una narrativa única en el que se exaltan algunas minorías étnicas y sexuales, a costa de otros componentes de la sociedad venezolana, creada a partir de su proceso de incorporación al ámbito hispánico».
El CNP, por medio de su LVII Secretariado Nacional, «les recuerda a todas las instituciones gubernamentales que una de las funciones de este cuerpo colegiado es la cooperación en el diseño de la política comunicacional del Estado, según lo establecido en el artículo 5 de la Ley de Ejercicio del Periodismo, de 1995 establece en el parágrafo 7, mismo artículo que nos obliga a salvaguardar el derecho a la libertad de expresión, la libertad de información y la libertad a la información (parágrafo 5), así como también contribuir con el fortalecimiento, ampliación y profundización de la democracia en Venezuela (parágrafo 6). En función de ello, este Secretariado Nacional califica de inconveniente la creación de un único ente regulador, de inspiración militar, de todo el quehacer comunicacional, cultural y educativo del país, tal como lo ha propuesto el ministro antes mencionado, por considerar que es antidemocrática y que atenta contra los principios básicos del venezolano establecidas por la Carta Magna de 1999 y contra los pactos y tratados internacionales firmados por la República que protegen estos derechos».
Por Nota de Prensa