El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, renunció a su cargo y en su lugar el Gobierno de Luis Arce nombró a la titular de la Presidencia, María Nela Prada, como ministra interina de Exteriores, según establece un decreto presidencial.
El decreto también indica que Mayta, quien tomó posesión del cargo el 9 de noviembre de 2020, «presentó su renuncia«.
El Gobierno señaló hace algunos días que Mayta estaba por dejar la Cancillería para asumir funciones como magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), por lo que el presidente Arce evaluaba la designación de un sustituto.
El TJCAN tiene un puesto vacante tras la renuncia del magistrado boliviano Gustavo García Brito, quien formó parte de un fallo contrario a Bolivia en una demanda de Perú por el precio diferenciado del combustible a vehículos con matrículas extranjeras que circulan en su territorio.
Las autoridades bolivianas cuestionaron en su momento a García Brito y aseguraron que hubo una «anomalía» en su designación, porque se efectuó durante el Gobierno interino de Jeanine Áñez (2019-2020), que para la Administración de Arce fue un mandato «inconstitucional«.
El Gobierno exigió la renuncia de García Brito y, además, le inició un proceso penal por supuesta usurpación de funciones.
A finales de julio, Mayta indicó que se esperaba la convocatoria de una «Reunión de Plenipotenciarios» para proponer al nuevo magistrado boliviano en el tribunal andino.
La «Reunión de Plenipotenciarios» es la instancia comunitaria andina encargada de designar a los magistrados del TJCAN y Ecuador, como su sede, es el país que debe convocar a ese encuentro.
En agosto, algunos parlamentarios de la oposición denunciaron que el Gobierno de Arce propuso a Mayta como juez ante la TJCAN y que eso era contrario a «los requisitos de probidad y meritocracia que la propia CAN y su tribunal exigen» puesto que el entonces canciller nunca ejerció como juez.
Mayta, jurista de formación, antes de ser ministro fue abogado de las víctimas de la llamada ‘guerra del gas‘, en la que murieron más de 60 civiles en 2003, e impulsó el juicio de responsabilidades contra el expresidente boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997; 2002-2003).
Por: Agencia