Según un estudio del Observatorio Migratorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, en el mundo hay siete millones 320 mil 225 venezolanos migrantes, de los cuales, el 39,54 por ciento están en Colombia. A octubre de 2022 se registró un total de dos millones 894 mil 593.
Pero, ¿cuál es la situación de esta población en el país? El estudio revela que el 59,85 por ciento de los migrantes venezolanos a octubre de 2022 tienen Permisos por Protección Temporal (PPT) entregados, o sea, un millón 786 mil 394, detalla El Tiempo de Colombia.
Dos millones 156 mil 105 han finalizado el registro biométrico; dos millones 387 mil 789 realizaron la encuesta de caracterización y dos millones 478 mil 907 finalizaron el preregistro del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), de los cuales 780 mil 631 son niños, niñas y adolescentes menores de 18 años.
Además, hay un millón 201 mil 818 afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud y son 496 mil 027 estudiantes venezolanos los que se encuentran registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil de Educación Básica y Media (Simat).
Es importante mencionar que en 2020 hubo una disminución de la migración venezolana en todo el país, que correspondió al -2,35 por ciento entre 2019 y 2020, dados los flujos de retorno a su país de origen por la ralentización de actividades económicas a causa del confinamiento por el COVID-19 y el cierre de la frontera con Venezuela decretado por Colombia en marzo de 2020 por la pandemia, que redujo sustancialmente el registro de los pasos migratorios por parte de Migración Colombia.
La emergencia que representaba la pandemia hizo necesario que se promoviera el aseguramiento a salud de la población migrante para agilizar su vacunación y así reforzar la inmunidad de rebaño para el beneficio de todos los habitantes del territorio nacional.
La ciudad que cierra la administración actual con la mayor tasa de migrantes afiliados al sistema de salud es Cali, con el 56 por ciento; seguida por Barranquilla, 38,2 por ciento; Medellín, 37,3 por ciento; Bogotá 32,2 por ciento y por último Cúcuta, 27,1 por ciento, que es la que menos asegurados tiene según la población de venezolanos que alberga.
De acuerdo con la Encuesta Pulso de la Migración del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), que se hizo entre el 1 de marzo y el 10 de mayo, vía telefónica con 70 preguntas en casi cuatro mil hogares de 23 ciudades y sus áreas metropolitanas, estas serían algunos de los inconvenientes que ha tenido esa población migrante en el país.
La dificultad para encontrar trabajo es alta, de 47,6 por ciento y casi igual para hombres y mujeres. Los mayores obstáculos para encontrar empleo los reporta la población joven o económicamente activa (entre 25 y 54 años).
Las barreras son, en especial, la exigencia de documentos que los migrantes no tienen, la xenofobia y las ofertas con baja remuneración o malas condiciones de trabajo. Esta última la padecen principalmente las mujeres, mientras que la falta de documentación la reportan más los hombres.
A pesar de los inconvenientes que tienen muchos migrantes a diario, son muchos (81,7 %) los que tienen la intención de permanecer en Colombia en un año, en especial, porque creen que Colombia ofrece buenas condiciones laborales, ingresos, vida, estudio o clima.
Solo el 2,6 por ciento preferiría regresar a Venezuela y el 1,1 por ciento trasladarse a otro país. Cabe aclarar que el 14 por ciento de los encuestados aún no lo sabe o lo está pensando. Entre todos los encuestados, las personas mayores de 55 años son las que tienen mayor vocación de permanencia en el país.
Sin embargo, es clave tener en cuenta que de los migrantes que están laboralmente activos, la mayoría son trabajadores independientes, el 32,6 por ciento y que el 81,5 por ciento tienen un contrato verbal más no formal.
Apenas un 26,3 por ciento de los encuestados tiene una cuenta en una entidad financiera, cooperativa o banco, más hombres (28,5 %) que mujeres (24,1 %).
Por lo que el informe concluye que al gobierno nacional le corresponde un largo camino todavía para lograr la aceptación del Permiso por Protección Temporal en la mayor cantidad de entidades financieras posible.
En cuanto a alimentación, según una investigación del Programa Mundial de Alimentos, entre el 52 y el 73 por ciento de los migrantes en Colombia se encuentran en inseguridad alimentaria por factores como la pandemia, la pérdida de empleos, dificultades en el acceso a la tierra, aumento en el precio de los alimentos y otros.
Otro punto preocupante, según el Programa Mundial de Alimentos y Organización Internacional del Trabajo, es la baja afiliación al sistema de pensiones de Colombia, que corresponde al 9,4 por ciento, principalmente, de hombres.
Si bien los extranjeros no están obligados a realizar aportes a pensión, esta debería pagarse si la persona pretende permanecer en Colombia, como es el caso de la mayoría de los migrantes venezolanos, para acceder a beneficios como la pensión de vejez, pensión de sobrevivientes como los miembros de la familia, pensión de invalidez, auxilio funerario, entre otros.
¿Qué hará el Gobierno?
Teniendo en cuenta que a través de Ley 2281 de enero de 2023 el presidente de la República creó conjuntamente el Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y el Ministerio de Igualdad y Equidad, desde allí se busca prestarle una mayor atención a la población migrante.
Dentro de esta estructura general, el tema migratorio fue delegado a la Dirección para la Población Migrante, una de las seis direcciones que conforman el Despacho del Viceministerio para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza.
Entre las funciones de esta dirección está: adoptar y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos orientados a fomentar la promoción de los derechos de la población migrante regular, irregular, refugiada, en tránsito y retornada en el país.
Adoptar lineamientos que incluyan enfoques de género, interseccional, de derechos, territorial, étnico, racial y diferencial en el diseño, la implementación, el seguimiento y la evaluación de políticas, planes y programas a cargo de las entidades territoriales competentes para la garantía de los derechos de la población migrante regular, irregular, refugiada, en tránsito y retornada en el país.
También, formular, adoptar y ejecutar planes, programas, estrategias y proyectos para niños, niñas y adolescentes migrantes, enfocados en el acceso a servicios educativos, la protección y atención especializada, así como la prevención de la violencia y explotación infantil, en coordinación con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Y adelantar análisis, estudios e investigaciones en temas de su competencia, en coordinación y articulación con la Oficina de Saberes y Conocimientos Estratégicos.
Por: Agencias / Foto: Cortesía