El vocero oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, informó que Washington se encuentra en un proceso de revisión de su política sancionatoria hacia Venezuela debido a los acontecimientos recientes que han «socavad» las posibilidades de celebrar elecciones presidenciales libres y competitivas.
Concretamente, el funcionario estadounidense hizo referencia a las sentencias publicadas por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en las que se decidió mantener las medidas de inhabilitación política contra el dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles Radonski, y la candidata presidencial unitaria, María Corina Machado.
De igual manera, mencionó la persecución política que se ha experimentado en los últimos días en Venezuela, evidenciable en los arrestos de dirigentes regionales de Vente Venezuela, partido liderado por María Corina Machado, y actores de la sociedad civil como los docentes sindicalistas Víctor Venegas y su hermano, José Gregorio Venegas.
«La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de mantener las inhabilitaciones de María Corina Machado y Henrique Capriles Radonski socavan unas elecciones presidenciales competitivas. En función de esta acción y la persecución contra la oposición y la sociedad civil, Estados Unidos revisa nuestra política sancionatoria», explicó Miller en su cuenta en la red social X.
Estados Unidos aprobó en octubre una serie de licencias que contemplaban una flexibilización de sanciones en el sector petrolero y minero. Estos permisos tenían vigencia de seis meses, pero estaban sujetas a revisión en caso de que el chavismo no avanzara en la implementación de los compromisos que adquirió al firmar los acuerdos en Barbados.
Ya el secretario de Estado, Antony Blinken, había asomado que, si el chavismo no cumplía con ciertas condiciones, el alivio de las sanciones podía ser revertido. Estados Unidos había fijado el 30 de noviembre como fecha tope para que el gobierno de Nicolás Maduro «mostrara avances» en un proceso que condujera a la liberación de presos políticos y el levantamiento de las inhabilitaciones a todos los venezolanos que quisieran participar en las presidenciales.
El TSJ inició un proceso, en esa misma fecha tope, para permitir a los actores políticos perjudicados por sanciones solicitar una revisión. María Corina Machado acudió ante el órgano del Poder Judicial con una demanda por vía de hecho, argumentando que el proceso administrativo en su contra no existía.
Finalmente, este viernes 26 de enero el TSJ respondió a estas solicitudes, aprobando el levantamiento de las prohibiciones a Leocenis García, Richard Mardo, Daniel Ceballos, Pablo Pérez y Rosa de Scarano, pero manteniendo las inhabilitaciones de Henrique Capriles Radonski y María Corina Machado.
Por: Agencia