Tras años de especulaciones en Honduras, Estados Unidos solicitó oficialmente la detención y extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, menos de tres semanas después de que dejara el cargo.
Las fuerzas de seguridad hondureñas rodearon el lunes por la noche el vecindario de Hernández y la Corte Suprema de Justicia fijó una reunión urgente el martes por la mañana para elegir al juez que gestionará la petición de extradición. La situación era de asedio.
En un video publicado por el equipo legal de Hernández, aparentemente desde dentro de la vivienda, el abogado Félix Ávila dijo que todo el proceso tendría que esperar a que la corte designara a un juez para instruir el caso. “Mientras tanto, es entendido que no existe ninguna orden de captura”, afirmó.
Sin embargo, en una barrera policial en torno al vecindario, Rasel Tomé, vicepresidente del recién elegido Congreso Nacional, dijo que Hernández tendría que entregarse o sería capturado a las 6 de la mañana del martes.
Poco antes de que venciera el plazo, Hernández publicó el martes de madrugada un mensaje de audio en Twitter en el que daba las gracias a los que rezaban por él.
“No es un momento fácil”, dijo. “A nadie se lo deseo”.
Dijo que sus abogados ya habían informado a la Policía Nacional de que “estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la honorable Corte Suprema de Justicia así lo decida para poder enfrentar esta situación y defenderme”.
Era una caída esperada para un mandatario detestado en su país, que tuvo el apoyo del gobierno de Donald Trump pero se vio repudiado por la Casa Blanca de Joe Biden, que ha señalado la corrupción endémica en Centroamérica como una causa de la migración.
Aunque no se conocían los cargos concretos presentados contra Hernández, fiscales federales en Nueva York le han señalado antes como coconspirador en un caso de narcotráfico y afirmado que su ascenso político se financió con dinero de la droga. Hernández ha rechazado las acusaciones.
Nicole Navas, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, declinó hacer comentarios.
Hernández dejó la presidencia el 27 de enero al ser juramentada la presidenta Xiomara Castro. El mismo día en que Hernández dejó el puesto fue juramentado como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Su abogado, Hermes Ramírez, dijo a medios locales que su cliente tenía inmunidad por su puesto en la cámara regional e insistió en que las fuerzas de seguridad no estaban siguiendo el protocolo adecuado. Dijo que Hernández estaba en la vivienda.
El lunes por la noche se desplegaron en el vecindario del expresidente contingentes de de la Policía Nacional, incluidos agentes de las fuerzas especiales, así como efectivos de la policía militar. Se colocaron barreras en todas las entradas que mantenían fuera a los medios e incluso a los residentes del lugar.
Miembros de las fuerzas de seguridad entraron en el perímetro con armas, cubiertos con pasamontañas y con esposas colgadas de sus chalecos antibalas. Algunos vecinos dijeron que las luces de la casa estaban apagadas y creían que estaba vacía.
Como parte de su defensa, Hernández ha señalado a menudo que Honduras empezó a permitir la extradición de hondureños por delitos de drogas cuando él era presidente del congreso.
Pero la fiscalía estadounidense ha alegado que recibió sobornos de narcotraficantes con la promesa de protegerlos una vez fuera presidente del país.
En 2019, fiscales estadounidenses en Nueva York le implicaron en numerosas ocasiones en el juicio de su hermano por delitos de drogas y afirmaron que los beneficios de las drogas financiaron su ascenso político.
Ese hermano, el excongresista hondureño Juan Antonio “Tony” Hernández, fue condenado a cadena perpetua por delitos de armas y drogas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal asistente de Estados Unidos Matthew Laroche describió sus delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”.
Juan Orlando Hernández asumió la presidencia de Honduras el 27 de enero de 2014. Más tarde aprovechó una Corte Suprema afín para evitar el veto constitucional a la reelección y obtuvo un segundo mandato en 2017 en elecciones marcadas por las irregularidades.
En torno a la medianoche del lunes, Jorge Arturo Vega, de 56 años, partidario del Partido Libertad y Refundación de Castro, celebraba ante una barricada policial en el barrio de Hernández.
“Esto es una fiesta que estábamos esperando desde hace mucho tiempo”, dijo Vega, en alusión a la docena de años desde que Hernández ascendió en el congreso. “Este narcotraficante, delincuente, asesino ya no lo podíamos soportar en Casa Presidencial”.
Por: Agencia