El gobierno socialista de Venezuela lleva dos años tratando de sacar del sistema judicial penal estadounidense a un empresario que según afirma estaba en una misión secreta con su aliado Irán cuando fue detenido con una orden de arresto estadounidense durante una parada rutinaria para repostar en África.
Pero la campaña para conseguir la liberación de Alex Saab Morán sufrió un revés cuando la fiscalía de Estados Unidos presentó documentos que ponían en duda pruebas de la defensa que sustentan sus afirmaciones de que tiene inmunidad diplomática.
Saab había pedido que se desestimaran los cargos penales emitidos en Miami por lavado de dinero, pero la respuesta de la fiscalía cuestionó el momento y la forma en la que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, supuestamente nombró a Saab enviado especial del gobierno.
Las autoridades estadounidenses presentaron una copia del supuesto pasaporte diplomático de Saab con una imagen y una firma que coinciden con un pasaporte no diplomático emitido casi dos años más tarde, lo que indica una posible “falsificación”, según la fiscalía.
Además, los fiscales obtuvieron en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos una copia impresa de la Gaceta Oficial de Venezuela del 26 de abril de 2018 que contradice una versión electrónica de la misma edición especial, la número 6.373, presentada por la defensa y que supuestamente muestra el nombramiento de Saab como enviado especial en un decreto presidencial.
“Este hecho cuestiona de forma significativa si el régimen de Maduro de verdad nombró a Saab Morán como su enviado especial, y en su lugar sugiere que esto era una historia inventada”, indicaron en su respuesta los fiscales Kurt Lunkenheimer de Miami y Alex Kramer de Washington.
Un abogado de Saab declinó hacer comentarios.
Washington presentó en su momento la detención de Saab durante una parada de repostaje en Cabo Verde en 2020 como un gran hito en sus esfuerzos por derrocar a Maduro. El gobierno de Donald Trump describió al empresario nacido en Colombia como un testaferro de Maduro que se beneficiaba de contratos estatales mientras el hambre se extendía de forma generalizada en el país suramericano.
En Venezuela, el antes desconocido Saab se convirtió en una figura de gran importancia. Marchas auspiciadas por el gobierno, libros y documentales le describían como una víctima de “secuestro” del “imperio” estadounidense, cuyo único delito fue ayudar a la nación petrolera a eludir lo que considera sanciones ilegales de Estados Unidos.
La batalla legal se ha complicado aún más por las pruebas de que antes de su arresto, Saab había sido fichado como informante de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos y había proporcionado información a la agencia sobre corrupción en el círculo interno de Maduro.
En sus últimas alegaciones, los fiscales alegaron que Saab se reunió con funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses en seis ocasiones entre 2016 y 2019, y por el camino renunció a 12,5 millones de dólares en beneficios de contratos que supuestamente admitió haber conseguido con sobornos. En esas reuniones, Saab nunca dijo que fuera diplomático venezolano, afirmaron.
La fiscalía alega que el gobierno de Maduro tampoco mencionó ninguna condición diplomática cuando protestó por la detención de Saab. Las tres primeras cartas del entonces ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, a las autoridades en Cabo Verde se refieren a Saab como “agente” o “representante” del gobierno de Maduro y sólo mencionan el pasaporte no diplomático que llevaba cuando fue detenido.
La existencia de un supuesto pasaporte diplomático no se mencionó hasta meses más tarde. Y ese documento tiene exactamente la misma imagen y firma que el pasaporte no diplomático que parecía haber sido emitido casi dos años después, apuntaron los fiscales.
“Si en efecto Saab Morán fuera un ‘enviado especial’ del régimen de Maduro, Arreaza y otros en el régimen de Maduro se habrían referido de inmediato a él con ese título tras su detención. Se habrían referido a su pasaporte diplomático en lugar de a su número de pasaporte general venezolano. Pero ninguna de esas misivas lo hicieron”, señaló la alegación estadounidense.
La fiscalía también mencionó inconsistencias en la Gaceta Oficial de Venezuela en la que supuestamente quedó registrado el decreto presidencial que nombraba enviado especial a Saab. Aunque el nombramiento estaba en la copia electrónica proporcionada por los abogados de Saab, no aparecía en la copia impresa de esa misma edición guardada en la Biblioteca del Congreso. El nombre de Saab tampoco aparece en una versión alojada en el sitio web de la Corte Suprema de Venezuela.
Aun así, una clave de la defensa de Saab es que en el momento de su arresto llevaba cartas de Maduro y otros funcionarios que supuestamente le acreditaban ante la república islámica, así como documentos oficiales que mostraban que estaba autorizado a negociar parte de las reservas de oro de Venezuela a cambio de un combustible muy necesitado.
La defensa también ha señalado a emails internos del Departamento de Estado y un libro del exsecretario de Defensa de Estados Unidos Mark Esper, que muestran que el gobierno de Trump conocía las negociaciones sensibles de Saab en nombre del gobierno de Maduro. Sus abogados afirman que es un reconocimiento tácito de su condición diplomática.
El cruce de alegaciones continuaba antes de una vista en diciembre en la que el juez Robert Scola estudiaría las pruebas sobre la posición diplomática de Saab.
El empresario, de 50 años, fue acusado en 2019 de ocho delitos de lavado de dinero asociados a una trama de sobornos que supuestamente malversó 350 millones de dólares de contratos estatales para construir viviendas asequibles para el gobierno de Venezuela.
Aunque en un principio el arresto se presentó como un triunfo del gobierno de Trump, el caso se ha convertido en un gran obstáculo en los esfuerzos del gobierno de Biden de mejorar las relaciones con Caracas en un momento en el que Occidente busca nuevas fuentes de crudo para compensar la pérdida de exportaciones de Rusia tras las sanciones por su invasión de Ucrania.
Por: Agencia