El director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, exhortó a la ciudadanía a acudir a las delegaciones de la Policía Científica a realizar las denuncias que a bien tengan que hacer para así tomar las acciones pertinentes.
«No deje que el delincuente se fortalezca. Si nosotros no tenemos la denuncia, no podremos georreferenciar al delito y ni al delincuente. Por eso le invito a que denuncie, aunque sea insignificante lo que haya pasado (…) si siente que no es bien atendido, comuníquese a través de mis redes sociales para que denuncie la situación», dijo Rico en un video colgado en sus redes sociales.
Con el video, exclamó en mayúsculas que dará respuesta a las denuncias que sean recibida, reseñó Tal Cual.
En ese mismo mensaje, mientras algunos usuarios vieron positivo el exhorto del director del Cicpc, otros despotricaron diciendo que eso deja ver que en la Policía Científica existe una crisis institucional y que no están dando respuestas a las denuncias ciudadanas.
El exhorto del director del Cicpc, Douglas Rico, no es el primero que hacen las instituciones para poder actuar. En varias ocasiones han expresado que necesitan tener una denuncia para poder actuar.
Si realizaste una denuncia ante cualquier Despacho del CICPC y no has recibido respuesta, envíame la información a la mensajeria privada de #Instagram. TE DARÉ RESPUESTA! #Cicpc #MundoPluripolar pic.twitter.com/GF2SVsRhzg
— Douglas Rico (@DouglasRicoVzla) June 6, 2023
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) divulgó el martes 16 de agosto de 2022 un estudio llamado «Delitos Conocidos por la Sociedad», en la que se contabilizaron 950 asesinatos en el país durante el primer semestre de 2022.
El OVV señala que el 84% de las víctimas conocidas de los asesinatos eran hombres, casi todos con edades comprendidas entre los 20 y los 29 años. Zulia se erigió como el estado más violento del estudio con 24,3%; seguido de Bolívar, Aragua, Falcón y Lara.
Por otro lado, el monitoreo Lupa por la Vida, elaborado por el Centro Gumilla y la ONG Provea, destacó en su informe anual que durante 2022 se registraron 824 presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte de cuerpos de seguridad civiles y militares en el país.
A pesar de la disminución de ejecuciones (58,2%) respecto a 2021, Lupa por la Vida señaló que «no hay razones sólidas para afirmar la existencia de una política de reducción significativa de la violencia policial y militar». A juicio de ambas ONG, estas privaciones arbitrarias de la vida «pueden constituir crímenes de lesa humanidad de asesinato».
Lupa por la Vida destacó que «la impunidad estructural conlleva a que la casi totalidad de estos homicidios no se investiguen». También conbsidera que no existe voluntad de adelantar investigaciones genuinas de los más altos responsables de estos crímenes.
Por: Agencia