«Botas mucha escarcha, brillas mucho y este no es el lugar para ti. Aquí hay que comportarse». Con estas palabras, la gerente de un café, en el este de Caracas, despidió a Carli Robles, una mujer transexual de 22 años, cuya identidad y expresión de género no son reconocidas en Venezuela, un país sin una ley que proteja y garantice los derechos de la población LGBTI.
Su caso, según ella misma explicó a EFE, lo llevó a Twitter, donde naufragan las denuncias por discriminación, ante la desconfianza en las instituciones y la ausencia de una normativa legal.
Semanas atrás, Carli había abandonado su hogar, escapando del rechazo y del estigma de su madre. En la calle y sin ingresos, en uno de los países con la inflación más alta del mundo, mandó el currículo a 17 empresas. Solo una la llamó, asumiendo que era un «hombre cisgénero homosexual».
«A pesar de seguir teniendo un aspecto de hombre cis, siempre paso como hombre gay. Incluso, siendo un hombre gay con un aspecto un poco más femenino, se me hacía complicado conseguir un trabajo. (…) Quieren alguien que se vea o muy muy hombre o muy muy mujer», sostuvo.
En Venezuela, además de estar prohibido el matrimonio entre personas del mismo sexo, tampoco es posible que el colectivo trans pueda cambiar su identidad, lo que dificulta acceder al sistema formal de empleo, de educación y de salud.
Carli empezó en el café como anfitriona; el segundo día, la asignaron como asistente de cocina, y a partir del tercero y hasta que la despidieron, 12 días después, en el fregadero, donde (le advirtieron) se iba a quedar «hasta que» se «cortara el cabello».
Una mañana, con menos de dos semanas en el establecimiento, la jefa le dijo que no seguiría en el trabajo porque era «conflictiva» y había entrado al baño de mujeres, algo que Carli negó.
«No me interesa reafirmar mi género entrando al baño de damas», le respondió. Pero la decisión ya estaba tomada.
La ONG Unión Afirmativa computa, en lo que va de 2022, dos despidos a personas trans: Carli y una profesora de educación física lesbiana en elcéntrico estado de Carabobo.
«Se necesita hablar de esto, es algo que la gente tiene que ver», indicó Carli, quien agregó que Venezuela está «demasiado» atrasada, respecto a otros países de la región en materia LGBTI.
Impunidad
Carli no denunció ante la fiscalía porque, a su juicio, estos incidentes de discriminación «no son penalizados» ni «les dan importancia».
Según la ONG Somos, de enero a mediados de marzo, ocurrieron, al menos, 19 casos de discriminación en espacios comerciales del país. Todos «siguen impunes».
En 2021, la organización documentó 22 casos de crímenes de odio, entre ellos el de Rolando Colmenares, un estilista del estado Yaracuy a quien, tras salir de una fiesta, varios hombres le rompieron la cabeza a pedradas y luego arrojaron su cuerpo en un basurero.
El coordinador de Somos en Caracas, Yendri Velásquez, explicó que las autoridades no hacen «nada» para evitar este tipo de sucesos ni para poner atención en hechos de esta naturaleza.
«Nos están matando. La homofobia, transfobia, bifobia e intersexfobia cobran vidas en Venezuela y el Estado no está haciendo absolutamente nada para prevenir y atender los casos de violencia y discriminación», señaló Velásquez.
El pasado año, la ONG contabilizó cuatro suicidios y 49 incidentes de odio, principalmente, discriminación.
Escasa legislación
El último informe de Amnistía Internacional, publicado esta misma semana, señala que, en Venezuela, no existe «legislación ni políticas públicas que garantizaran los derechos de las personas LGBTI».
En este sentido, el coordinador de Somos aseguró que, en el país caribeño, la población LGBTI no existe ante la ley, pese a algunas «pequeñas» menciones en normas particulares, como la Ley del Trabajo, que prohíbe la discriminación por orientación sexual.
«No existe un marco jurídico robusto e integral que proteja a las personas LGBTI. Tampoco existe ningún tipo de políticas públicas que acompañen a las pequeñas menciones que existen, (…) que, al final del día, son tan insignificantes (…) que no tienen ningún impacto en nuestra calidad de vida, dignidad y en el goce de nuestros derechos», precisó Velásquez.
La población LGBTI espera por cambios importantes que reconozcan sus derechos, entre ellos, anular el artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar (COJM), que pena con prisión de uno a tres años y separación de la Fuerza Armada a «todo militar que cometa actos sexuales contra natura».
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado «medidas efectivas para el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI y erradicar la discriminación, violencia y situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas».
Sin embargo, para el presidente Nicolás Maduro, quien en 2012 llamó «mariconsotes» a miembros de un grupo opositor, el matrimonio igualitario, así como el aborto, no es prioridad, como dijo el año pasado.
Por: Agencias / Foto: Cortesía