La organización Cristosal denunció este martes, en una investigación compartida a EFE, casos de corrupción en cárceles de El Salvador, entre estos el pago a personas particulares para que familiares de detenidos en el contexto de la medida de régimen de excepción, implementada desde marzo de 2022 contra las pandillas, pudieran visitar a sus parientes.
De acuerdo con la investigación de la organización defensora de derechos humanos, en estos casos «están involucrados abogados como intermediarios de pagos y beneficios penitenciarios irregulares» y «el pago directo a personas particulares, contactos» de la Dirección General de Centros Penales.
Por ejemplo, Cristosal citó el ejemplo de una mujer a quien «le pedían 2.000 dólares en Mariona (Centro Penal La Esperanza) para poder ver a uno de sus hijos» y el caso de otra mujer que «pagó 4.000 dólares cada vez que entró a ver al marido», «lo vio dos veces».
«Según familiares y allegados de una persona privada de libertad, condenada desde 2022, han podido visitarlo dos veces en el Penal de Mariona pagando 500 dólares por cada una de las visitas. El acceso a estas visitas, según manifestaron los parientes, fue facilitado por una abogada», reveló la organización.
Otros «beneficios» propuestos por la abogada, continuó, «era el pago de 3.000 dólares para lograr el traslado de la persona detenida a un sector menos conflictivo dentro del centro penal» y de «7.000 dólares para lograr la liberación de esa persona encarcelada».
Violaciones a derechos humanos
Según Cristosal, «los casos de corrupción detectados en el sistema penitenciario generan múltiples violaciones a los derechos de las personas privadas de libertad, afectando una pluralidad de derechos».
«Las dinámicas observadas permiten retratar la precaria situación del sistema penitenciario salvadoreño y algunos de sus efectos negativos en las personas», aseguró.
Para la organización, «las autoridades competentes deben identificar a los custodios implicados en el contacto y gestión de transacciones irregulares con los familiares de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios señalados para deducir responsabilidades y detener las practicas descritas».
«La corrupción en el sistema es un fenómeno que amplifica el sufrimiento de quienes ya se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad», advirtió.
El régimen de excepción suspende algunas garantías constitucionales, como el derecho a la defensa de los detenidos y suspende la visita de familiares.
Esta medida se ha convertido en la única y principal apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Nayib Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.
Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 400 muertes de detenidos bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia, según han denunciado.
Por: EFE / Foto: Cortesía